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Cifra a la alta; 12 asesinatos de periodistas en México en 2017

POR: Jesús M. Moreno Mejía 

Ningún crimen se Funda enla razón
Tito Livio

No cabe duda que México es la nación más insegura para los que damos información veraz de hechos de trascendencia, y que por ese motivo hay quienes reciben amenaza de muerte de parte de quienes les incomoda lo que de ellos se dice o se revela.
En 2017 se registró una docena de asesinatos de ese tipo, según cifras oficiales, sin tomar en cuenta los que permanecen desaparecidos, o de víctimas de personas afines a los comunicadores, tales como sus hijos o esposa de periodistas, a los que se les sacrificó por error o como una forma de amedrentar a los amenazados.
Sin embargo, considerando que fueran sólo 12 los asesinados, es una cifra que en 2017 iguala en número a los periodistas muertos en Siria, cuyo país permanece en guerra y existen comunicadores son considerados enemigos de alguna de las partes en pugna. Afganistán, por su parte, fueron liquidados el año pasado ocho periodistas, dentro de la violencia que se vive en ese país.
En México es la cifra más alta de compañeros muertos a mansalva, ya que en 2016 fueron once; siete en 2015; cinco en 2014 y cuatro en 2013. O sea que la cantidad de asesinato de comunicadores ha ido en aumento.
Y lo peor del caso es que la casi totalidad esos casos permanecen impunes, a pesar de existir Fiscalías Federales y Estatales que conocen de esos crímenes, por lo que bien se puede afirmar, sin exageraciones, que el 99 % de ellos no han esclarecidos, y en algunos casos se “descubre” a los autores del crimen de algunos, pero nunca sus autores intelectuales.
Existen organismos no gubernamentales, tales como asociaciones de periodistas y corresponsales del grupo internacional “Reporteros sin Frontera”, que se atreven a denunciar que autoridades federales y estales regularmente señalan que los comunicadores asesinados “son víctimas colaterales” de miembros del crimen organizado o del fuero común, para evadir la responsabilidad a los auténticos autores intelectuales.
La asociación de defensores de la libertad de expresión, identificada como “Artículo 19”, ha sido clara en afirmar que las fiscalías en referencia evitan investigar exhaustivamente los asesinatos de periodistas, porque no consideran que el móvil del crimen haya sido por actividad periodística, sino por otros motivos.
El estado de Veracruz es la entidad que registra el mayor número de asesinatos de periodistas en lo que va del siglo (24 casos), en su mayoría ocurridos durante la administración del gobierno de Javier Duarte, o sea de 2010 a 2016, y obviamente sin que se hayan esclarecido esos ilícitos.
Pero no sólo ocurren casos de muerte de comunicadores, también existen otro tipo de agresiones a elementos del gremio periodístico, como amenazas, ataques severos a la integridad física o privación de la libertad de compañeros e incluso de sus familiares.
La organización “Artículo 19” estima que fueron 277 agresiones a igual número de compañeros en 2017, de las cuales el 53 % fueron cometidas por policías y personas contratadas por funcionarios públicos, pero sin que nada se haya hecho para castigar a los responsables.
También señalan voceros de esa agrupación, que la doce muertes de periodistas se enmarcan en un contexto de incremento de la violencia en el país, pues de enero a noviembre de 2017 se registraron no menos de 23,000 homicidios de todo tipo en México, lo que constituye la mayor cifra de crímenes en los últimos 20 años.
Sin entrar en mayor detalle, en este nuevo 2018 se suman otros dos colegas que han sido asesinados, por lo que sigue creciendo la cifra de caídos.
Por otra parte, la nueva Ley de Seguridad Interior, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, pretende abatir la violencia en el país, pero hay quienes se muestran pesimistas y opinan que sería a la inversa, ya que el soldado es entrenados para matar, sin juzgar primero o tomar en cuenta los principios de los Derechos Humanos. ¿Sin embargo, usted qué opina sobre el particular?

La Caravana de la Dignidad y sus implicaciones políticas

POR: Jesús M. Moreno Mejía

«En política, la calumnia es menos de temer que la verdad»: Charles Péguy 

Indiscutiblemente que ha “levantando polvo” el movimiento del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, denominado “Caravana de la Dignidad”, pues en su recorrido ha tenido diversas implicaciones políticas en las primeras entidades que ha recorrido.
Con el lema “Justicia para Chihuahua” y el estribillo “Por la defensa y la dignidad del Pueblo de Chihuahua”, Javier Corral Jurado, reclama que el Ejecutivo Federal resuelva políticamente la solicitud de extradición del ex – gobernador César Duarte, para que responda ante la justicia de Chihuahua “el saqueo que orquestó en su administración en contra del Pueblo” de esa entidad.
Pero a su vez, exige de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la entrega de “900 millones de pesos comprometidos con Chihuahua, de los cuales 780 millones corresponden al cierre de 2017 y 120 del presente mes de enero”, conforme explica el gobernador de esa entidad.
A lo anterior, los analistas políticos de México y la información de la prensa internacional, se han ocupado de esa situación político-económica, entre ellos María Amparo Casar y Cecilia Soto, de Excélsior; Denise Dresser y Juan E. Pardiñas, de Reforma; Agustín Basave y Ricardo Raphael, de El Universal; e información de primera plana de periódicos internacionales, tales como “The New York Times”, “The Guardian” y “El País”, se refieren a la rebelión de Corral Jurado y las represalias del gobierno por investigar a personajes políticos identificados con el partido oficial (PRI).
Las implicaciones de éstos últimos, se basan particularmente en el hecho de haber sido arrestado Alejandro Gutiérrez y Gutiérrez, a finales del año pasado, considerado la mano derecha de Manlio Fabio Beltrones, quien supuestamente recibió enormes cantidades de dinero (se asegura fueron miles de millones de pesos) del ex gobernador César Duarte (prófugo de la justicia), en beneficio electoral del Revolucionario Institucional.
La marcha iniciada en el vecino estado de Chihuahua tuvo su primer desencuentro a la entrada de la ciudad de Gómez Palacio, Durango, donde un grupo de priístas detuvo la caravana de vehículos, que era encabezada en esos momentos por Gustavo Madero y Emilio Álvarez, tratando de evitar ingresaran a esa población, donde se anunciaba un mitin, que no se pudo realizar por la actitud hostil de un grupo de jóvenes.
La propia alcaldesa gomezpalatina argumentó que la “Caravana de la Dignidad”, era “un show mediático con fines electorales, llevado a cabo por personas ajenas a este municipio” y que por tanto no aprobaba. Lo cierto es que “la sangre no llegó al río” y los autobuses de la marcha se dirigieron a Torreón, Coah., donde llevaron a cabo su programa de actividades.
En relación a esto último, Efrén Mireles Esténs, analista político de Torreon, escribió un breve comentario titulado “Espina de Cardenche”, que dentro de sus párrafos señala: “El balance de esta etapa de la jornada, fue positivo para todos, la presidenta municipal defendió su territorio priísta… pidió licencia como alcaldesa para buscar la candidatura a diputada federal y su mensaje a la dirigencia nacional del PRI quedó bien marcado y en buen momento, demostrando la fuerza que tiene”.
Pero también fue benéfico para la marcha de Javier Corral, porque ese acto beligerante lo benefició a nivel nacional, llamando fuertemente la atención de la ciudadanía que estaba al pendiente de la “Caravana de la Dignidad”, lo que atrajo mayores simpatías para la causa, amén de que no hubo desgracias personales que lamentar.
Podíamos seguir ahondando sobre el movimiento del gobernador de Chihuahua, pero sería prolijo enumerar lo ocurrido en cada ciudad que ha tenido la Caravana de la Dignidad, pero cabría mencionar que Javier Corral se entrevistó en Saltillo con el obispo Raúl Vera y con Luis Donaldo Colosio Riojas, quienes apoyaron las exigencias del ejecutivo chihuahuense, quien por su parte consideró que otros ex mandatarios estatales deberían estar en la cárcel, entre ellos los hermanos Humberto y Rubén Moreira, así como Rodrigo Medina, de Nuevo León.
Fernando Rangel de León, comentarista de Torreón, señala que ese movimiento demuestra que cada vez son menos los “agachados” del mal gobierno. Sin embargo, eso lo dejamos a la opinión de nuestros lectores.
¡Hasta la próxima!