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El enjuiciamiento a los expresidentes

El pasado 17 de junio fue publicada “La Ley de Consulta Popular” en el Diario Oficial de la Federación; por lo que en estos días el Instituto Nacional Electoral INE, pondrá en marcha la publicidad para convocar a los ciudadanos a que participen el próximo domingo 1 de agosto, en la consulta popular para procesar a exfuncionarios públicos que hayan cometido ilícitos en el desempeño de su cargo, en contra de la sociedad.

Por primera vez en la historia, México tendrá la oportunidad de la democracia directa de la participación ciudadana, sin intermediación de diputados o senadores u otros representantes populares, en una trascendental decisión, como lo es enjuiciar a los expresidentes de la República, para que se les finquen responsabilidades por el mal desempeño de su encargo en perjuicio del pueblo.

“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y el derecho de las posibles víctimas?”.

Esa es la rebuscada pregunta que tendrán las boletas cuya respuesta es un SI o un NO; que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberán tacharse en las urnas como si fueran las boletas electorales.

Es conveniente que el INE aclare el nombre completo de los actores políticos a los que se les van a esclarecer las decisiones políticas, para proceder en consecuencia; o si se va a dejar a la voluntad del votante escribir el nombre y apellido.

Para que sea vinculante, es decir, obligatoria la acción penal contra los exfuncionarios más odiados como son los expresidentes de la república y algunos exgobernadores -como el de Coahuila-, es necesario que vote por un SI cuando menos el 40 por ciento de alrededor de 93 millones de ciudadanos.

Por lo que si queremos que se proceda penalmente contra esos malos exfuncionarios públicos, debemos desde ahorita a empezar a despertarle el interés a la ciudadanía de que tiene en sus manos el poder de que se sancione conforme a la ley a los servidores públicos que le robaron no solamente sus impuestos sino también la seguridad, la paz y la tranquilidad no nada más de ellos sino también de sus hijos y nietos.

Yo creo que no hay absolutamente ningún ciudadano mexicano que no esté agraviado por uno u otro motivo contra sus exalcaldes, exdiputados locales,

exdiputados federales, exsenadores, exgobernadores y sobre todo expresidentes de la República, que se beneficiaron con su puesto público.

Si no se acude el próximo domingo 1 de agosto, a las urnas para la consulta popular, entonces no tenemos por qué andarnos quejando de nuestros gobernantes; debiendo tener presente que “los pueblos tienen los gobernantes que se merecen”.

México contra el bloqueo Cubano

POR: Fernando Rangel de León

Desde 1960, en que EEUU, impuso el embargo en contra de Cuba, el gobierno de México, encabezado entonces por Adolfo López Mateos, se pronunció en su contra en la Organización de Estados Americanos OEA y en la Organización de las Naciones Unidas ONU; siendo consecuente con la política exterior de nuestro país basada en los principios de “autodeterminación de los pueblos” y “la no intervención”.

Este embargo lo decretó el gobierno de Washington, de Eisenhower, porque Fidel Castro, quien había llegado al poder el 1 de enero de 1959, tras el triunfo de la Revolución Cubana, que buscaba una verdadera transformación, no se había plegado a la política titiritera e intervencionista norteamericana que había ejercido en la isla con el derrocado dictador Fulgencio Batista, y sus anteriores peleles; y había realizado expropiaciones nacionalistas de empresas propiedad de estadunidenses; que habían saqueado las riquezas naturales de Cuba.

Kennedy, en 1961, aprobó la invasión a Cuba, que tras una cruenta batalla fue derrotado por los cubanos en Playa Girón; forzando a Fidel, a declarar que su revolución era socialista; y añadiendo su famosa frase “la historia me absolverá”.

Desde entonces y hasta la fecha todos los gobiernos mexicanos no se han cansado de exigir por todos los medios al gobierno norteamericano que levante el embargo a Cuba; sobresaliendo la petición del actual embajador de México en la ONU, nuestro exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, hecha en sesión plenaria el pasado 23 de junio, en cuya tribuna dijo:

“… no es posible solucionar problemas de índole global, o emprender grandes transformaciones regionales, sin un concurso internacional que parta del principio irrestricto de la libre determinación de los pueblos”. “frente a una pandemia como la que enfrentamos por el COVID-19, resulta impostergable poner fin al bloqueo que se mantiene sobre Cuba” “…poner fin al embargo cubano no solo mejoraría la economía de la isla sino también la de la región.”

Este al igual que los demás elocuentes discursos de los oradores logró que 184 miembros de la ONU votaran en contra del embargo o bloqueo, se abstuvieran Colombia, Ucrania y Emiratos Árabes, y EEUU y su aliado Israel, votaran en favor.

Además, el doctor De la Fuente hizo un llamamiento a la comunidad internacional a expresar su apoyo para que se levante el bloqueo o embargo a Cuba.

Ojalá que el nuevo gobierno de Joe Biden, sea sensible y receptivo de la votación casi unánime en la ONU, para que incluya a Cuba en este mundo globalizado y de muchos

progresos económicos, comerciales y financieros; recordando que históricamente EEUU tuvo excelentes vínculos con la isla.

¿Qué es la oposición?

POR: Fernando Rangel de León

Dentro de un mismo todo, hay una afirmación y una negación, a un mismo tiempo; que se llaman tesis y antítesis, respectivamente, las que en su confrontación natural producen la síntesis que a su turno se convierte en tesis que a la vez crea su antítesis, y así sucesivamente sin solución de continuidad, y es a lo que se le llama dialéctica; que se ha definido como la lucha de los contrarios.

De la dialéctica nada se escapa, ni la naturaleza, ni lo social, ni lo político, ni lo gubernamental; como es el caso de los partidos que están en el gobierno, que cuando no estaban en él eran de oposición; pero al llegar al poder los otros partidos son sus opositores; dándose la situación de que como en México, el gobierno es de tres ámbitos, en el Federal se tiene a partidos opositores que en los estados, son gobiernos; y que en las mismas entidades federativas hay ayuntamientos del gobierno del estado y ayuntamientos de la oposición; como por ejemplo en Coahuila, que el gobierno estatal es priista y el ayuntamiento de Francisco I. Madero, es morenista.

Es conveniente que cuando hablemos de oposición tengamos cuidado en ubicarnos a cual oposición nos estamos refiriendo; toda vez que esta relatividad nos puede llevar a confusiones tales como hablar bien de un gobierno que fue oposición o viceversa; lo que nos hace impedir ver objetivamente; es decir, ver lo que está afuera de nuestras cabezas.

Desde luego que es más fácil ser oposición que gobierno; pues en la oposición no se tiene ninguna responsabilidad pública; siendo su principal papel señalar los errores del gobierno para aprovecharse de ellos, desprestigiarlo, difamarlo, calumniarlo y llegar al poder; que una vez estando en él la oposición no cumple todas las promesas de campaña; máxime cuando estas fueron muchas.

El saldo de las elecciones del 6 de junio, en lo federal le fue favorable al gobierno de MORENA, pues conservó su mayoría en la Cámara de Diputados federal; pero en la ciudad de México, le fue mal, porque la oposición ganó nueve alcaldías, de las 16; en cambio, en el país le fue muy bien alcanzando ya 19 gubernaturas y 19 legislaturas locales en las 32 entidades federativas, incluyendo la capital; lo que le permitirá al régimen de la 4T hacer las reformas legislativas y constitucionales necesarias para continuar realizando el proyecto de nación que le prometió a la sociedad.

El resultado general de las pasadas elecciones es una lección de democracia en México, dada por el Presidente de la República, que no metió para nada las

manos en el proceso electoral ni antes ni durante, ni después de la jornada electoral; pues nunca ejerció su autoridad ni en el INE, ni en el TEPJF, ni en ninguna autoridad electoral local, para favorecer a los candidatos de MORENA; como se demuestra con la negativa del registro a muchos candidatos de su partido; siendo absolutamente respetuoso del voto libre de los alrededor de 46 millones de ciudadanos que ejercieron su sufragio.

Esta actitud del Presidente, no es ninguna gracia ni hazaña, es lo que todos los anteriores presidentes debieron de haber hecho para que avanzara la democracia; pues es así como debe conducirse un presidente demócrata.

Desagravio de AMLO al pueblo chino

POR: Fernando Rangel de León

El 1° de julio de 2018, los ciudadanos comprobaron el poder de su voto, eligiendo al Presidente de la República y a los diputados federales y a los senadores del Congreso de la Unión, que en sus campañas electorales prometieron un proyecto alternativo de nación, a cambio de su voto.

Estas promesas fueron revertir las reformas energéticas y de outsourcing en materia laboral; y las cuales ya fueron modificadas en beneficio del Estado, que es la nación organizada jurídica y políticamente.

También incluyó este proyecto de nación acabar con la corrupción y la impunidad, para que los funcionarios públicos no se enriquezcan con elevados sueldos, desvíos de fondos, tráfico de influencias, utilización de la administración pública para hacer negocios, vivir en la justa medianía sin helicópteros, aviones y otros muchos lujos; castigar a quienes cometan un delito; bajar el sueldo del Presidente, y que ningún otro funcionario gane más que él; y quitar las pensiones a los expresidentes, etcétera.

Sin embargo, hay funcionarios como los del Instituto Nacional Electoral INE, y de otros organismos que ganan el doble del Presidente, con el pretexto de que son autónomos; no obstante que hay otros órganos, esos sí autónomos como la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, cuyo rector tiene un sueldo de los más bajos entre los funcionarios federales.

Subir los salarios mínimos y no aumentar impuestos ni crear otros nuevos; incrementar las pensiones para el bienestar de los de la tercera edad, dar becas a los estudiantes y crear universidades, no aumentar la gasolina, el diésel y la energía eléctrica; y otros beneficios en los servicios de las paraestatales; son parte de ese proyecto de nación; que se están haciendo realidad.

También son parte de este proyecto la construcción de una refinería que procese el petróleo en gasolina para no importarla y sea más barata; la construcción del Tren Maya, la construcción del aeropuerto “General Felipe Ángeles”, para la ciudad de México y así, otras obras y servicios públicos más integrantes de este proyecto de nación; que también se están realizando.

El Presidente y los senadores, pues, están cumpliendo con sus promesas de campaña; y seguramente así lo harán hasta 2024; pero los diputados federales solo lo harán hasta este 31 de agosto de 2021; en que serán relevados por los diputados a elegir este cercano domingo 6 de junio.

Si los 31 millones de ciudadanos que votaron el 1° de julio de 2018, por la transformación, y quieren que se siga realizando, entonces deberán votar por los candidatos de la misma coalición “Juntos Haremos Historia”; para que los nuevos diputados federales que entren, junto con los senadores y el Presidente, terminen lo que ya empezaron.

¿Cuál es la diferencia con el 1 de Julio de 2018?

POR: Fernando Rangel de León

Las tres grandes transformaciones sociales y políticas de México, no se dieron en uno o dos o tres o seis años, sino en décadas.

La Independencia tardó en consumarse 11 años once días, del 16 de septiembre de 1810, al 27 de septiembre de 1821; en tres etapas: Hidalgo y Allende; Morelos; y Vicente Guerrero.

La Reforma abarcó de la Constitución de 1857, al triunfo de la República en 1867; con las Leyes de Reforma, la separación de la iglesia del Estado, la Intervención Francesa, el segundo imperio, el de Maximiliano de Habsburgo (el primero fue el de Agustín de Iturbide), la Guerra de Reforma, el fusilamiento del austriaco, y finalmente la fundación del estado moderno mexicano, por los liberales encabezados por Benito Juárez.

La Revolución abarcó del 20 de noviembre de 1910, con Madero, la Constitución de 1917, a 1920, con el asesinato de su promotor Venustiano Carranza, por órdenes de Álvaro Obregón.

El único que hizo realidad el proyecto de la Revolución, plasmado en la Constitución, fue Lázaro Cárdenas, para quien 6 años de su Presidencia fueron insuficientes para continuar con los verdaderos cambios como el Reparto Agrario, la Expropiación Petrolera, la fundación del Instituto Politécnico Nacional, y otros muchos más en lo social, la salud y la educación; pues nada más alcanzó a sentar las bases para el Instituto Mexicano del Seguro Social (Manuel Ávila Camacho), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Adolfo López Mateos).

El 1 de julio de 2018, la mayoría de los ciudadanos votamos por un proyecto de nación en la que el gobierno acabe con la corrupción, la impunidad, el tráfico de influencias, el amasiato con articulistas, periodistas y los medios, desvío de fondos con órganos autónomos, fideicomisos, y muchos otros instrumentos creados por los anteriores gobiernos en la Constitución y en las leyes, a modo, en beneficio de sus muy particulares intereses, en perjuicio de las grandes mayorías, incluyendo las clases media y alta.

Para eso los mexicanos le dimos el poder al Presidente de la República; pero 2 años cinco meses de su gobierno, han sido insuficientes para avanzar más en la transformación que México necesita con urgencia; pues la Constitución y las leyes que hicieron los beneficiarios del anterior estado de cosas; y los medios e

intelectuales orgánicos que están a su servicio, son un obstáculo en el camino transformador.

Las elecciones de 500 diputados federales, en este ya cercano domingo 6 de junio, serán una especie de o un refrendo para que avance más y mejor el gobierno de la Cuarta Transformación o una revocación del mandato que le dimos el 1 de julio de 2018, no solo a un hombre: al Presidente de la República, sino a los diputados para realizar el proyecto de una nueva nación.

Los electores decidirán con su voto si quieren retroceder o avanzar; pues ellos serán los perjudicados con lo primero o los beneficiarios de lo último.