P0R: Fernando Rangel de León

La consulta popular sobre si se enjuiciaba o no a los Presidentes de la República, del pasado domingo 1 de agosto, enseñó que la redacción de la pregunta sea lo más entendible para todos los ciudadanos; pues como la Ley Federal de Consulta Popular, no contempló la redacción de la pregunta, dejó que la formulara el Instituto Nacional Electoral INE; cuya redacción fue impugnada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN, que la formuló con un lenguaje difícil de entender y con ideas confusas, o sea, hizo un verdadero galimatías; desalentando así a millones de ciudadanos.

Por eso ahora la pregunta de la revocación de mandato está redactada en la misma Ley Federal de Revocación de Mandato, que con abrumadora mayoría el Senado de la República, aprobó el pasado miércoles 3 de septiembre; quedando así:

¿Está Usted de acuerdo en que (nombre) al Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?; proponiendo estas dos alternativas:

1. Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza.
2. Que siga en la Presidencia de la República.

Para eso la fracción parlamentaria de MORENA, tuvo que retirar su propuesta de la pregunta de que si se quería o no ratificar al Presidente; rechazada por la oposición; y en su lugar privilegió la conciliación, no obstante tener mayoría.

A ese respecto, la ex secretaria de Gobernación y actual Presidenta de la Cámara Alta, la senadora Olga Sánchez Cordero, refiriéndose a la oposición, expresó: “…dialogamos y sumamos coincidencias. El voto de hoy es el signo de los tiempos por venir: apertura en el dialogo y consecución de acuerdos”.

Antes, cuando los ahora partidos de oposición PRI y PAN, hacían mayoría en el Congreso de la Unión (Cámaras de Senadores y de Diputados), eran una “aplanadora”; pues aunque sus contrarios tenían la razón, siempre los “mayoriteaban”; aprobando leyes que no expresaban la voluntad general del pueblo sino los intereses de unos cuantos.

Ahora, con la Cuarta Transformación, en el Congreso no hay “vencedores ni vencidos”, sino actores del Estado, que respetan a los ciudadanos; toda vez que las leyes son la expresión de la voluntad popular.

Otra novedad de la ley de revocación de mandato, respecto de la consulta popular, es que ahora no se le deja a ningún órgano de gobierno el derecho a solicitar que se lleve a cabo, sino que ésta facultad es única y exclusiva del pueblo; pues para que el INE pueda llevar a cabo la revocación de mandato se requiere que lo pida cuando menos el 3% de la lista nominal de votantes, y que ese 3% corresponda en ese porcentaje a cada uno de por lo menos 17 de los 32 estados de la República.

El porcentaje mínimo para que sea vinculatorio el resultado de la revocación de mandato, es el mismo de la consulta popular: 40% por lo menos de los electores.

El próximo viernes 1 de octubre, el INE deberá empezar a difundir la convocatoria al proceso para la revocación de mandato, que probablemente será el domingo 27 de marzo de 2022; y en la mayoría de las casillas que se instalaron para las elecciones del pasado 6 de junio.

Por lo que si queremos ser consecuentes todos los que votamos por AMLO, el 1 de julio de 2018, más aparte los que han visto en estos primeros 3 años, que él es digno de nuestra confianza, debemos de votar por la alternativa 2: “Que siga en la Presidencia de la República”.

Después de la consulta popular para oír a la ciudadanía si quiere que se enjuicie penalmente a los expresidentes de México, sigue la revocación de mandato.

La consulta popular y la revocación de mandato, son dos de las formas de la democracia directa, en la que los ciudadanos sin intermediación alguna ejercen directamente el poder público.

No obstante que en cuanto al origen y al objetivo ambas formas de participación ciudadana, son iguales; acabamos de ver que algunos medios, articulistas, líderes de opinión, cámaras empresariales, partidos políticos, y en una palabra todos los que se beneficiaron de una u otra forma con el gobierno de los expresidentes por los que en la consulta popular la ciudadanía pidió su enjuiciamiento penal; se opusieron rabiosamente a ella con miles de descalificaciones de toda clase.

Los que estuvieron en contra de la consulta popular, ahora sí promuevan por todos los medios a su alcance la participación de todos los ciudadanos en la revocación de mandato, que probablemente se efectúe el domingo 6 de marzo de 2022, para preguntarles a los ciudadanos si quieren o no que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, continúe o no en el puesto para el que el 1° de julio de 2018, treinta y un millón de mexicanos lo elegimos por 6 años, que concluyen el 30 de noviembre de 2024.

Pero no se crea que esos opositores a AMLO van a convocar a la ciudadanía a participar en la revocación de mandato, como una práctica de su soberanía, sino para que voten porque AMLO no continúe en la Presidencia de la República; envenenándola con mentiras, falsedades, engaños, calumnias y difamaciones.

Por eso, quienes queremos que AMLO, termine su mandato estamos obligados a informar, propagar, hacer del conocimiento del mayor número de ciudadanos posible, por todos los medios a nuestro alcance, los beneficios que para las grandes mayorías, en las que se incluyen las minorías, ha traído este régimen.

Podría pensarse que faltan todavía 7 meses para la revocación de mandato, y que es mucho; pero en política el tiempo se va de volada; y ahorita con motivo de la enseñanza que nos dejará la primera consulta popular en la historia de México, que esperamos sea de decenas de millones de participantes, debemos de aprender a practicar la democracia directamente sin intermediario alguno; lo que nos exige

estar bien informados lo más veraz y objetivamente posible, para ejercerla responsablemente.

Porque la democracia directa no solamente es un privilegio; es una gran responsabilidad de todos los ciudadanos.

El pasado 17 de junio fue publicada “La Ley de Consulta Popular” en el Diario Oficial de la Federación; por lo que en estos días el Instituto Nacional Electoral INE, pondrá en marcha la publicidad para convocar a los ciudadanos a que participen el próximo domingo 1 de agosto, en la consulta popular para procesar a exfuncionarios públicos que hayan cometido ilícitos en el desempeño de su cargo, en contra de la sociedad.

Por primera vez en la historia, México tendrá la oportunidad de la democracia directa de la participación ciudadana, sin intermediación de diputados o senadores u otros representantes populares, en una trascendental decisión, como lo es enjuiciar a los expresidentes de la República, para que se les finquen responsabilidades por el mal desempeño de su encargo en perjuicio del pueblo.

“¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego al marco legal para esclarecer las decisiones políticas tomadas en el pasado por los actores políticos y garantizar la justicia y el derecho de las posibles víctimas?”.

Esa es la rebuscada pregunta que tendrán las boletas cuya respuesta es un SI o un NO; que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberán tacharse en las urnas como si fueran las boletas electorales.

Es conveniente que el INE aclare el nombre completo de los actores políticos a los que se les van a esclarecer las decisiones políticas, para proceder en consecuencia; o si se va a dejar a la voluntad del votante escribir el nombre y apellido.

Para que sea vinculante, es decir, obligatoria la acción penal contra los exfuncionarios más odiados como son los expresidentes de la república y algunos exgobernadores -como el de Coahuila-, es necesario que vote por un SI cuando menos el 40 por ciento de alrededor de 93 millones de ciudadanos.

Por lo que si queremos que se proceda penalmente contra esos malos exfuncionarios públicos, debemos desde ahorita a empezar a despertarle el interés a la ciudadanía de que tiene en sus manos el poder de que se sancione conforme a la ley a los servidores públicos que le robaron no solamente sus impuestos sino también la seguridad, la paz y la tranquilidad no nada más de ellos sino también de sus hijos y nietos.

Yo creo que no hay absolutamente ningún ciudadano mexicano que no esté agraviado por uno u otro motivo contra sus exalcaldes, exdiputados locales,

exdiputados federales, exsenadores, exgobernadores y sobre todo expresidentes de la República, que se beneficiaron con su puesto público.

Si no se acude el próximo domingo 1 de agosto, a las urnas para la consulta popular, entonces no tenemos por qué andarnos quejando de nuestros gobernantes; debiendo tener presente que “los pueblos tienen los gobernantes que se merecen”.

POR: Fernando Rangel de León

Desde 1960, en que EEUU, impuso el embargo en contra de Cuba, el gobierno de México, encabezado entonces por Adolfo López Mateos, se pronunció en su contra en la Organización de Estados Americanos OEA y en la Organización de las Naciones Unidas ONU; siendo consecuente con la política exterior de nuestro país basada en los principios de “autodeterminación de los pueblos” y “la no intervención”.

Este embargo lo decretó el gobierno de Washington, de Eisenhower, porque Fidel Castro, quien había llegado al poder el 1 de enero de 1959, tras el triunfo de la Revolución Cubana, que buscaba una verdadera transformación, no se había plegado a la política titiritera e intervencionista norteamericana que había ejercido en la isla con el derrocado dictador Fulgencio Batista, y sus anteriores peleles; y había realizado expropiaciones nacionalistas de empresas propiedad de estadunidenses; que habían saqueado las riquezas naturales de Cuba.

Kennedy, en 1961, aprobó la invasión a Cuba, que tras una cruenta batalla fue derrotado por los cubanos en Playa Girón; forzando a Fidel, a declarar que su revolución era socialista; y añadiendo su famosa frase “la historia me absolverá”.

Desde entonces y hasta la fecha todos los gobiernos mexicanos no se han cansado de exigir por todos los medios al gobierno norteamericano que levante el embargo a Cuba; sobresaliendo la petición del actual embajador de México en la ONU, nuestro exrector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, hecha en sesión plenaria el pasado 23 de junio, en cuya tribuna dijo:

“… no es posible solucionar problemas de índole global, o emprender grandes transformaciones regionales, sin un concurso internacional que parta del principio irrestricto de la libre determinación de los pueblos”. “frente a una pandemia como la que enfrentamos por el COVID-19, resulta impostergable poner fin al bloqueo que se mantiene sobre Cuba” “…poner fin al embargo cubano no solo mejoraría la economía de la isla sino también la de la región.”

Este al igual que los demás elocuentes discursos de los oradores logró que 184 miembros de la ONU votaran en contra del embargo o bloqueo, se abstuvieran Colombia, Ucrania y Emiratos Árabes, y EEUU y su aliado Israel, votaran en favor.

Además, el doctor De la Fuente hizo un llamamiento a la comunidad internacional a expresar su apoyo para que se levante el bloqueo o embargo a Cuba.

Ojalá que el nuevo gobierno de Joe Biden, sea sensible y receptivo de la votación casi unánime en la ONU, para que incluya a Cuba en este mundo globalizado y de muchos

progresos económicos, comerciales y financieros; recordando que históricamente EEUU tuvo excelentes vínculos con la isla.