POR: Fernando Rangel de León

Las tres grandes transformaciones sociales y políticas de México, no se dieron en uno o dos o tres o seis años, sino en décadas.

La Independencia tardó en consumarse 11 años once días, del 16 de septiembre de 1810, al 27 de septiembre de 1821; en tres etapas: Hidalgo y Allende; Morelos; y Vicente Guerrero.

La Reforma abarcó de la Constitución de 1857, al triunfo de la República en 1867; con las Leyes de Reforma, la separación de la iglesia del Estado, la Intervención Francesa, el segundo imperio, el de Maximiliano de Habsburgo (el primero fue el de Agustín de Iturbide), la Guerra de Reforma, el fusilamiento del austriaco, y finalmente la fundación del estado moderno mexicano, por los liberales encabezados por Benito Juárez.

La Revolución abarcó del 20 de noviembre de 1910, con Madero, la Constitución de 1917, a 1920, con el asesinato de su promotor Venustiano Carranza, por órdenes de Álvaro Obregón.

El único que hizo realidad el proyecto de la Revolución, plasmado en la Constitución, fue Lázaro Cárdenas, para quien 6 años de su Presidencia fueron insuficientes para continuar con los verdaderos cambios como el Reparto Agrario, la Expropiación Petrolera, la fundación del Instituto Politécnico Nacional, y otros muchos más en lo social, la salud y la educación; pues nada más alcanzó a sentar las bases para el Instituto Mexicano del Seguro Social (Manuel Ávila Camacho), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Adolfo López Mateos).

El 1 de julio de 2018, la mayoría de los ciudadanos votamos por un proyecto de nación en la que el gobierno acabe con la corrupción, la impunidad, el tráfico de influencias, el amasiato con articulistas, periodistas y los medios, desvío de fondos con órganos autónomos, fideicomisos, y muchos otros instrumentos creados por los anteriores gobiernos en la Constitución y en las leyes, a modo, en beneficio de sus muy particulares intereses, en perjuicio de las grandes mayorías, incluyendo las clases media y alta.

Para eso los mexicanos le dimos el poder al Presidente de la República; pero 2 años cinco meses de su gobierno, han sido insuficientes para avanzar más en la transformación que México necesita con urgencia; pues la Constitución y las leyes que hicieron los beneficiarios del anterior estado de cosas; y los medios e

intelectuales orgánicos que están a su servicio, son un obstáculo en el camino transformador.

Las elecciones de 500 diputados federales, en este ya cercano domingo 6 de junio, serán una especie de o un refrendo para que avance más y mejor el gobierno de la Cuarta Transformación o una revocación del mandato que le dimos el 1 de julio de 2018, no solo a un hombre: al Presidente de la República, sino a los diputados para realizar el proyecto de una nueva nación.

Los electores decidirán con su voto si quieren retroceder o avanzar; pues ellos serán los perjudicados con lo primero o los beneficiarios de lo último.

POR: Fernando Rangel de León

La reforma energética de 2013, del Presidente Enrique Peña Nieto, nació espuria pues se aprobó a base de sobornos que recibieron los diputados y senadores del PRI, PAN, PRD y partidos satélites; para entregar la generación, producción, distribución y comercialización de la energía eléctrica a particulares nacionales y extranjeros; y para dar los hidrocarburos a los particulares, facilitando el huachicoleo, el contrabando y otros ilícitos y jugosos negocios.

Como promesa de campaña el Presidente Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a revertir esas reformas en parte regresivas a antes de 1960 de la nacionalización de la industria eléctrica, y a antes de la expropiación petrolera de 1938.

Por eso AMLO envío iniciativas de ley para reformar la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos; las que ya fueron modificadas por los Senadores y Diputados de MORENA, PT, PES y el PVEM, partidos de la coalición Juntos Haremos Historia, quienes también hicieron suya esa promesa presidencial.

La diferencia entre los legisladores que aprobaron la reforma de Peña y los que acaban de aprobar la reforma de AMLO, es que los primeros lo hicieron por dinero y otras prebendas; y los últimos lo hicieron por ideología, para que después de la Independencia, la Reforma, y la Revolución, México entre a la 4T; lo que nos hace muy orgullosos de estar en favor del devenir histórico de nuestro país.

Por esa promesa de campaña presidencial y por esa promesa legislativa nadie nos debemos de llamar engañados por la 4T; pues el 1° de julio de 2018, sabíamos los electores que queríamos esas reformas energéticas para bien de México.

Las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, fueron aprobadas por el Congreso de la Unión, hace alrededor de mes y medio; y publicadas por el Presidente de la República, en el Diario Oficial de la Federación DOF; por lo que ya están vigentes, pero todavía no son positivas, es decir, no se han aplicado porque el juez Juan Pablo Gómez Fierro, concedió suspensiones en juicios de amparo contra esas modificaciones, que están por resolverse.

Este jueves 22 de abril, se aprobaron las reformas a la Ley de Hidrocarburos, y ya fueron publicadas en el DOF, para que entren en vigor desde luego.

Estas nuevas reformas energéticas castigan severamente el huachicoleo, retiran la autorización de venta a las gasolineras que venden gasolina de contrabando, y les revoca concesiones a las que vendan litros de gasolina y diesel incompletos.

Pero no obstante que estas últimas reformas energéticas lo que buscan es beneficiar el interés social, inmediatamente que entren en vigor, quienes lucran con los hidrocarburos, seguramente promoverán demandas de amparo con suspensión del acto reclamado para que no entren en vigor, y seguramente el mismo juez Juan Pablo Gómez Fierro, les concederá la suspensión como lo hizo contra la Ley de la Industria Eléctrica y Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión.

Eso convierte a ese juez en un saboteador y un bloqueador de la 4T.

POR: Fernando Rangel de León

La Constitución de 1917, expresó los anhelos de la Revolución de 1910; como los derechos de las clases campesinas, trabajadoras y populares; que no estaban en la Constitución de 1857, que era preponderantemente liberal e individualista; porque tanto las constituciones como las leyes son la expresión de los factores reales y efectivos de poder, como lo afirmó Fernando Lasalle.

En los tres anteriores gobiernos de la Presidencia de la República (2000-2018), haciendo uso de su mayoría de diputados y senadores se reformaron leyes que dieron todas las facilidades para que la iniciativa privada, nacional y extranjera, mediante contratos leoninos (benéficos para las empresas); hicieran todo lo que quisieran en materia de electricidad y de hidrocarburos, relegando a segundo plano al Estado, quien por mandato constitucional tiene la rectoría económica.

Los factores reales y efectivos de poder expresados en esas reformas, fueron los detentadores de la riqueza que hacen toda clase de negocios con esos energéticos, que son indispensables para toda la población, que buscan ganancias a toda costa para favorecer a unos cuantos empresarios, funcionarios públicos, políticos, articulistas, locutores y dueños de los medios encargados de la propaganda de que esas reformas privatistas son buenas para el medio ambiente y la sociedad toda.

¿Cuáles son los factores reales y efectivos de poder que están haciendo esas reformas en favor del Estado?. Son los sectores mayoritarios de la población que en 2018, votaron por una transformación que solo es posible con la mayoría en el Congreso de la Unión (Poder Legislativo), con un jefe del Ejecutivo Federal, y un Poder Judicial de la Federación, que independientes entre sí pero en armonía respeten la voluntad popular que mayoritariamente se expresó en las urnas el primero de julio de aquel año.

Por eso si se quiere continuar con esas reformas transformadoras es necesario que siga habiendo mayoría en la Cámara de Diputados; lo cual es posible porque son mucho más millones de ciudadanos que quieren un verdadero cambio que los beneficie; que los pocos de cientos de miles de votantes que quieren regresar a la situación de privilegios de unos cuantos que tenían antes del actual régimen.

Los que manipulan a esos cuantos cientos de miles de votantes, tienen el poder económico para amenazarlos, mentirles, engañarlos, confundirlos y desmoralizarlos; pero los millones de mexicanos que quieren la transformación

tienen el poder del voto; que ya demostraron al llevar a la Presidencia de la República, al actual presidente; lo que no se veía desde Francisco I. Madero, en 1910.

POR: Fernando Rangel de León

Qué curioso que todo lo malo que le achacan a Félix Salgado Macedonio, con motivo de que había sido postulado candidato por MORENA, a la gubernatura del estado de Guerrero, para las elecciones del próximo domingo 6 de junio; no lo hicieron público en su campaña para senador el pasado 1 de julio de 2018, como ahora; no obstante que los hechos por los que ahora lo acusan, ya habían ocurrido antes de esa fecha.

Es que entonces la oposición creía que la 4T, era puro cuento; como lo fue lo de “el cambio”, de Fox en 2000; pero ahora que han visto que la transformación es verdadera, y les está afectando sus intereses personales y de grupo logrados en los anteriores regímenes; están atacando furibundamente al senador Félix Salgado Macedonio.

Pero en realidad lo que atacan no es al senador Salgado, sino a la 4T, para que no avance ni en Guerrero ni en el país, en las elecciones del 6 de junio; por lo que su virulenta embestida, es nacional.

Sensible a la manipulación que la oposición ha hecho de gran parte de la ciudadanía para ponerla en contra de Félix, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, por unanimidad, el pasado 26 de febrero, resolvió reponer el procedimiento del que él surgió electo candidato; para que en uno nuevo participen otros morenistas; quitándosela por lo pronto a Salgado.

MORENA, con sensibilidad social y política de que si no le quitaba la candidatura a Félix, la oposición aprovecharía el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para echar a la calle a sus huestes, cual perros en jauría, en contra de Salgado Macedonio; por lo que les quitó esa bandera; y de paso contribuyó a que con el pretexto de la protesta social, no se causen daño a las personas y a los bienes durante las manifestaciones de ese día.

Por eso también la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal Rosa Icela Rodríguez Velázquez, acaba de publicar este Decálogo por la Libertad y la Paz en la Protesta Social:

1. México es un país de libertades para expresarse.
2. El gobierno de México respetará el derecho de todos, incluyendo las minorías.
3. El gobierno de México no discriminará ni criminalizará la protesta social.
4. El gobierno de México garantiza la libertad de expresión sin afectar el derecho de terceros, ni promover la guerra, el odio o la violencia.
5. Se debe privilegiar el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.
6. El derecho de manifestación no es condicionable.
7. No se usará la fuerza pública para reprimir o agredir a las personas que expresen sus ideas de forma pacífica.
8. El gobierno de México salvaguardará la integridad física y los bienes de las manifestantes.
9. Se garantizará y respetará la labor de los periodistas durante las manifestaciones.
10. Los protocolos, planes operativos y capacitación de los cuerpos de seguridad para atender la protesta social de mujeres deben priorizar la prevención y el diálogo para evitar las confrontaciones.

Ojalá que las mujeres no se dejen manipular por la oposición en sus legítimas manifestaciones y no les sirvan de carne de cañón para festejar su día.