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13 políticos son asesinados en abril

Ciudad de México a 09 de Mayo de 2021.- El pasado 24 de abril, Francisco Gerardo Rocha Chávez, candidato del Partido Verde (PVEM) a diputado local en Tamaulipas, se sumó a la lista de víctimas mortales por hechos de violencia relacionados con el actual proceso electoral. Rocha Chávez fue asesinado de tres disparos en su domicilio y, según las autoridades, el crimen podría responder a ‘razones personales’.

Sin embargo, la consultora Integralia lo contabiliza entre las 143 personas, entre políticos, candidatos, jueces, activistas, periodistas, funcionarios y exfuncionarios, que han sido asesinadas en lo que va del proceso electoral. 28 funcionarios municipales. 26 aspirantes a un cargo de elección popular. 17 exfuncionarios. 14 funcionarios federales y estatales. 10 activistas. 5 excandidatos. 4 periodistas. 4 líderes partidistas. 4 militantes de partidos políticos. 3 jueces. 3 presidentes municipales. 25 reportados como ‘otros’. 

En su último reporte, publicado este fin de semana, Integralia señala que de septiembre de 2020 a abril de este año se han registrado 169 incidentes de violencia política en México, los cuales dejaron 210 víctimas: 143 mortales y el resto resultaron heridas. De acuerdo con el reporte, tan solo en abril se cometieron 13 asesinatos, cuando, en comparación con el proceso electoral de 2018, se registraron solo siete. Las estadísticas también muestran que marzo fue el mes más violento para la clase política, con 18 asesinatos. Además del caso de Rocha Chávez, en el último bimestre, también destacan los asesinatos de la exregidora Analuci Martínez Zaldívar (PAN), cometido el 1 de marzo en Jalisco; el de Carlos Alberto Sevilla (MC), alcalde con licencia de Casimiro Castillo, perpetrado el 10 de marzo también en Jalisco, y el de Gonzalo Elías Zopiyactle (PRI), exalcalde de Mixtla de Altamirano, ejecutado el 2 de abril en Veracruz. De los 143 homicidios registrados en lo que va del proceso electoral, las víctimas se clasifican de la siguiente manera: 

Por partido político, Integralia reporta que el 20% de las víctimas militaban en Morena, 15% en el PRI, 12% en el PAN, 9% en el PRD, 6% en Movimiento Ciudadano y 6% en el PVEM. El PES, el PT, Redes Sociales Progresistas (RSP) y Fuerza Social por México tuvieron un 1% de víctimas mortales. 28% fue identificado como ‘otros’ o que no se logró determinar el partido al que pertenecía. Por sexo, 120 de las víctimas mortales fueron hombres y 23 mujeres, y por entidades, Veracruz es en la que más se cometieron los homicidios, al registrar 33 hechos de violencia; le siguen Oaxaca, con 25, y Guanajuato, con cuatro. Integralia destaca que gran parte de estos incidentes son cometidos por miembros del crimen organizado que buscan coludirse o controlar a los gobiernos locales para dominar mercados ilícitos, como el huachicoleo, tráfico de drogas y extorsión. ‘La violencia política se refuerza por los altos niveles de descoordinación que existen entre agencias de seguridad y niveles de gobierno, que dejan vulnerables a autoridades y actores políticos frente al crimen organizado, así como por los altos niveles de impunidad’, alerta la consultora. En este sentido, resalta que un alto porcentaje de los incidentes se ha registrado en municipios de menos de 100,000 habitantes, alejados de los centros urbanos y con poca presencia de fuerzas federales. 

En marzo pasado, la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez anunció que el gobierno federal ofrecería protección a candidatos amenazados durante el proceso electoral de 2020-2021. Es decir, según la promesa de la funcionaria, la Guardia Nacional solo resguardaría a aspirantes a gubernaturas y diputaciones federales, mientras que las policías locales estarían a cargo de la protección de candidatos a sindicaturas, regidurías, diputaciones locales y presidencias municipales. De acuerdo con Rodríguez, ya se ha brindado protección a 117 candidatos, pero en marzo y abril la estrategia no logró una disminución significativa en el número de asesinatos de actores políticos. Además, menciona Integralia, no se han anunciado medidas específicas para capacitar a los elementos de las policías locales y de la Guardia Nacional que participarán en estas tareas, ni para reducir los altos niveles de impunidad que imperan en torno a estos fenómenos delictivos.

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