Política Virtual

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OJALÁ QUE NO QUEDE EN EL OLVIDO

POR: Cuauhtémoc Torres González

A pesar de que el tiempo ha transcurrido de manera implacable, los duranguenses tienen plena confianza en que su gobernante, José Aispuro Torres, logre su objetivo de castigar a los exfuncionarios que saquearon las finanzas estatales, dejándoles un déficit por casi quince mil millones de pesos, a pesar de que existe la plena conciencia de que ello dependerá de las autoridades de la Auditoría Superior de la Federación y de la Secretaría de la Función Pública.
Rosario Castro Lozano, la contralora del estado, gritó a los cuatro vientos que desde el inicio de la actual administración, existieron severos señalamientos de un presunto daño patrimonial por el orden de los 4 mil 560 millones de pesos de los fondos federales que le fueron entregados a la entidad.
Sostuvo que dicho monto fue el resultado de las revisiones realizadas a las cuentas públicas de los años 2011, 2012 y 2014 y que aparece en más de 200 pliegos de observaciones que las mencionadas dependencias le hicieron llegar al inicio a la administración de Aispuro Torres.
Dijo la funcionaria que de las mencionadas indicaciones pudieran derivar en responsabilidad administrativa de distintos funcionarios de la administración anterior y se trata de requerimientos de orden federal.
También dijo, en su momento, que para esclarecer presuntas irregularidades en el manejo de recursos estatales, el gobierno hubo de requerir a 11 de los 15 secretarios de la pasada administración, mismos que desde el pasado mes decembrino empezaron a comparecer para justificar sus acciones o enfrentar los procesos legales.
Como resultado de las primeras acciones judiciales, se logró en junio pasado la detención de Rafael Herrera Piedra, primo y proveedor del exgobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, a quien se le acusó de cometer fraude por más de 24 millones de pesos durante la pasada administración.
Se le señaló como socio de las inexistentes empresas Diseño y Comunicación Trascendente y por medio de ambas empresas realizó, sin acreditar la prestación de sus servicios, operaciones simuladas de enero del 2013 a septiembre del 2016, las que le redituaron casi 25 millones de pesos en 318 depósitos. Adicionalmente enfrenta un segundo proceso por el registro de 214 operaciones por 72 millones de pesos, también sin comprobar la prestación de sus servicios.
Posteriormente, el pasado mes de noviembre, fue capturada la exsubsecretaria de egresos, Leonor Gutiérrez, por ocultar información, misma que luego provocó las ordenes de aprehensión que, sin que se hayan hecho efectivas, se giraron en contra los exsecretarios de finanzas, de salud y de Comunicaciones y Obras Públicas, María Cristina Díaz, Eduardo Díaz y César Guillermo Rodríguez, respectivamente.
Ante tal situación, la contralora aclaró que los ciclos en torno a la fiscalización de programas federales son diferentes y compete su ejecución a las instancias del orden federal.
Por tal motivo, será en el transcurso del presente mes de febrero cuando se conozcan de manera real los resultados del 2016. Es decir, será hasta el año 2019 cuando jurídicamente se cierre el ciclo de la pasada administración, tres años después de haber concluido.
En vista de esta lamentable tardanza burocrática y judicializada, los duranguenses tienen aún la plena confianza en que “el brazo de la justicia” caiga sobre de quien deba caer, encaminado esto a recuperar algunos de los bienes sustraídos. Ojalá y, aunque tardado, así sea, por el bienestar de la sociedad.
Por hoy, fue todo. Hasta la próxima…Dios mediante.
Para quejas, sugerencias y hasta una que otra mentada…aguilaquecae_51@hotmail.com y aguilaquecae51@gmail.com

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