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FEDERACIÓN OBSTRUYE LA JUSTICIA EN DURANGO

POR: Cuauhtémoc Torres González 

Por la forma, un tanto ambigua, en que han estado extendiéndose los amparos sin ton ni son a favor de los exfuncionarios que formaron parte de la desastrosa y corrupta pasada administración estatal y que, evidentemente, saquearon las arcas del pueblo duranguense, es incuestionable la criticable protección de que ahora disfrutan por parte del gobierno federal las personas involucradas en hechos delictuosos.
Ya lo dijo recio y quedito el gobernador José Aispuro Torres, cuando públicamente reclamó a los funcionarios que permanecen al frente del Poder Judicial de la Federación el desmedido otorgamiento de juicios de amparo, mismos que ahora se han convertido en un freno para impartir justicia en la entidad a su cargo.
A la fecha suman alrededor de 700 suspensiones las que un total de sesenta exfuncionarios han promovido, en clara muestra del temor que tienen por ser llevados a juicio y privados de su libertad.
Lo más curioso de esta situación, es que el exgobernador Jorge Herrera Caldera, es quien encabeza la lista con un total de veinte amparos promovidos. ¡Ah! y eso que no existe todavía una denuncia en su contra, pero que las investigaciones siguen adelante por el desvío millonario (quince mil millones de pesos) en que tal parece incurrieron varias secretarías durante el sexenio pasado en la entidad. Evidentemente, el “miedo no anda en burros”.
Afirma el personal de la Consejería General de Asuntos Jurídicos de Durango, que a la fecha ha recibido la notificación de diferentes procesos, como resultado de las indagaciones practicadas a los funcionarios que formaron parte de la pasada administración.
Se sabe que el hecho de que Herrera Caldera cuente con más de veinte amparos desde que terminó su administración, definitivamente no será limitante para proceder en su contra si se le llegaran a encontrar elementos legales para someterlo a juicio a él y a sus excolaboradores que pudiesen estar involucrados.
Incluso, en caso de que se les giraran sus respectivas órdenes de aprehensión, definitivamente estarían obligados a comparecer para declarar, aunque claro está, sin poder ser detenidos por el amparo, pero sí enfrentar una acción penal.
Aseguran que los jueces federales han otorgado 32 amparos que han obstaculizado la ejecución de las órdenes de aprehensión giradas dentro del plano local por irregularidades en el ejercicio de la función pública.
Tocante al caso que nos ocupa, la contralora del estado Rosario Castro Lozano, afirmó tener en su poder un total de 107 expedientes en proceso jurídico para su sustentación, mismos que involucrarían a 14 exsecretarios del anterior gobierno, siete de los cuales ya se encuentran en proceso, toda vez que de la cuenta pública del 2015, la Auditoría Superior de la Federación presentó tres denuncias penales relacionadas al estado de Durango.
Sostiene la funcionaria que en la mencionada dependencia y en la Secretaría de la Función Pública, existen 386 procedimientos del sexenio de Herrera Caldera como resultado de las inconsistencias detectadas con posible comisión de delitos
Aispuro Torres anunció la solicitud de colaboración de la Interpol para la localización –y posible detención- de Cristina y Lourdes Díaz Herrera, tesorera y directora administrativa de la Secretaría de Salud durante el mandato de Jorge.
Y es que en contra de las dos hermanas, existen sendas órdenes de aprehensión por haber adquirido equipo para un hospital con un valor superior a los 82 millones de pesos, cuando su costo real fue de 17. Nada mal el negocito que, lastimosamente, a las consanguíneas les salió mal.
Otros enormes faltantes, de acuerdo con las auditorías practicadas, se detectaron en la Secretaría de Finanzas con 234 mdp; 117 en la Subsecretaría de Egresos y 106 en la de Ingresos, para un total de 459. ¿Qué tal?
Se detalló que la mayor parte de los expedientes de los órganos fiscalizadores federales, pertenecen a las cuentas públicas del 2013, 2014 y 2015, de los cuales las probables observaciones ascienden a 1,057 millones de pesos. Y como diría el finado Raúl Velasco: “Aún hay más”.
Cuestionado sobre los escándalos de corrupción e impunidad que se han difundido a nivel nacional en estados como Durango, Aispuro Torres, aseguró que en el caso local no se ha podido actuar por los amparos aprobados por el Poder Judicial.
Hábilmente el mandatario declinó opinar si se trata de una campaña de estado para proteger a exgobernadores priístas, al comentar que es una auténtica competencia del Poder Judicial de la Federación, limitándose a señalar que sólo pidió al consejero jurídico se acercara con los jueces para indagar cuál ha sido el criterio adoptado para apoyar a los solicitantes con la protección de la justicia. ¡Zas!. Sólo faltaba que algún reportero lo sorprendiera… “Diablitos al chamuco”.
Por hoy, fue todo. Hasta la próxima…Dios mediante.
Para quejas, sugerencias y hasta una que otra mentada…aguilaquecae_51@hotmail.com y aguilaquecae51@gmail.com

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