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Participa Instituto Coahuilense de las Mujeres en Conferencias del Nuevo Sistema de Justicia Penal

Saltillo, Coahuila de Zaragoza; a 04 de Marzo de 2021.- Para el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís es prioridad la cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, por lo que a través de la Secretaría de Gobierno y el Instituto Coahuilense de las Mujeres se llevan a cabo acciones que contribuyen a garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia.

Durante el ciclo de conferencias, coordinado por la Comisión de Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Katy Salinas Pérez, titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres (ICM), participó con el tema “Los efectos de la violencia familiar y de género en la nueva normalidad”.

El encuentro con las y los participantes estuvo enfocado a visibilizar el contexto de la violencia de género contra las mujeres antes, durante y después de la pandemia por el Covid-19.

“La violencia contra las mujeres siempre ha existido y ha sido normalizada, sin embargo durante la pandemia surgió la necesidad de generar otro tipo de estrategias para su prevención, atención, sanción y erradicación”, puntualizó.

En ese contexto, se han implementado una serie de acciones que atiendan a la nueva normalidad, donde el aislamiento pudiera generar mayores condiciones de vulnerabilidad para mujeres y niñas, dentro de las cuales se encuentran:

· Atención las 24 horas de los 7 días de la semana.

· Capacitación especializada a personal encargado de la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

· Diseño y difusión en redes sociales de la campaña #EsMejorEnFamilia.

· Puesta en marcha de 13 Centros de Atención Especializada a Mujeres en Situación de Violencia.

· Implementación de los Juzgados Especializados en Violencia Familiar contra las Mujeres.

· Capacitación a la Policía Municipal en atención a la violencia contra las mujeres.

· Prórroga de créditos a mujeres beneficiarias del Programa Financiera Mujeres Fuertes.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado contribuye a garantizar la seguridad y el acceso a la justicia de las mujeres que se encuentran en situación de violencia, así como a la disminución en la afectación económica y de salud que genera la contingencia por el Covid-19.

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