La bodega de la muerte en México

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(AGENCIAS)

25 de Septiembre de 2018.- Las morgues de todo México están rebasadas en su capacidad. En el estado de Jalisco decidieron pasear 237 cuerpos en dos camiones porque no los pueden enterrar, por una mala interpretación de una ley federal.

Un tráiler putrefacto se estaciona a las afueras de un lote semibaldío en las afueras de Guadalajara, en el estado de Jalisco. La fetidez alcanza a una unidad habitacional cercana y los vecinos alertan a las autoridades locales. Horas más tarde, el horror supera la ficción: 157 cadáveres envueltos en bolsas plásticas yacen en la caja de carga del tractocamión. Aparece el escándalo.

Debido a la presión mediática, el Servicio Jalisciense de Ciencias Forenses reconoce la existencia de un segundo camión, que contiene otros 80 muertos. Van 237 cuerpos que son paseados por toda la ciudad, porque nadie quiere recibir la bodega de la muerte. Dentro de la entidad forense hay más cadáveres; sucede que ya no caben en las gavetas refrigeradas de la morgue.

Por eso la autoridad requirió rentar dos camiones refrigerados, que sirvieron como una especie de tanatorio judicial ambulante. Cuando el camión sufrió un atasco en el lote baldío, la fetidez se esparció y los vecinos hicieron la denuncia. Tan solo en Jalisco, entre los dos camiones y las cámaras de refrigeración del forense, hay 440 mexicanos sin vida y

El médico Luis Octavio Cotero, extitular del Servicio Médico Forense, advirtió desde hace dos años que la morgue estaba saturada con el número de muertos que recibía al día: hasta trece en promedio. Con el hallazgo del tráiler a las afueras de la ciudad, el gobernador anunció el despido fulminante del forense. Hubo fotos, conferencias de prensa, escándalo internacional. El chivo expiatorio fue ofrecido en sacrificio.

Autoridades y opinión pública, de manera presta, condenaron la indolencia del médico despedido. Por unas horas él encarnó la “insensibilidad” y “negligencia” de ese burócrata que, gracias a la alternancia en el gobierno, hoy encarna la esencia de todo mal en México.

“Yo no puedo ser insensible”, respondía el forense ante los micrófonos inquisitivos, “porque mi hija también está desaparecida… lo único que quiero es que por lo menos me digan dónde me la fueron a aventar…”. La inquisitiva periodista radiofónica solo atina a tartamudear. Cuando estaba dispuesta a lapidar al funcionario acusado de negligencia, una quebrada voz de padre enmudece a la audiencia. El forense continúa con su relato. La realidad es que en cada cuerpo que recibía en la morgue, Luis Octavio albergaba la ilusión de encontrar a su hija o, por lo menos un indicio, para dar con su paradero. Ahora también se quedó sin eso.

México desaparecido

La realidad está allí y asusta. En un país con una cifra oficial que supera los 38.000 desaparecidos y los 240.000 homicidios dolosos en los últimos 12 años, hay otros miles que sí aparecen pero en fosas clandestinas, camiones abandonados o servicios forenses y nadie sabe quiénes son.

Colectivos de padres y madres de familia en Sinaloa, Coahuila, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz, entre otros estados, salen con palas, varillas y cubetas para escarbar la tierra con la ilusión de ubicar al hijo ausente. Hunden las varillas en el suelo. Si hay indicios de que la tierra fue removida o las barras de metal se impregnan de olor nauseabundo, empiezan a escarbar.

Regresan con fragmentos de huesos que apilan en sus casas porque las autoridades tampoco saben de quién son. Tan solo en Veracruz el año pasado fueron encontrados más de 30.000 fragmentos de hueso en más de 300 fosas clandestinas.

Chantal Flores conoce de esperas y desaparecidos. La periodista mexicana lleva cuatro años siguiendo de cerca los colectivos de personas que por sus propios medios buscan a sus familiares. Para Flores, quien siempre sonríe al término de cada frase salvo que se hable de desaparecidos, “México no tiene la capacidad, la infraestructura, la tecnología ni el presupuesto para identificar a tanta gente”. Hace una pausa aguda y agrega: “Estamos rebasados, colapsados y ni las mismas autoridades saben qué monstruo están enfrentando”.

¿Quiénes son los desaparecidos y los muertos encontrados? Chantal intenta responder con una historia que documentó en Sinaloa, al norte de México. Una mamá le confió que su hijo había sido desaparecido por un policía. Meses después, el policía involucrado desapareció y ahora ambas familias se han unido para buscarlos. Flores intenta hacer un perfil de las desapariciones que ha documentado. En Coahuila, explica, desaparecen muchas mujeres. En Sinaloa hay más jóvenes entre 18 y 25 años. En Guerrero hay hombres y mujeres. “Eso es lo que asusta de todo esto. Que no hay un patrón para desaparecerlos, puede ser cualquiera”, confiesa con franqueza mientras rechaza esa simpleza con la que muchos creen que todo desaparecido “se lo merecía”.

Para Italy Ciani, abogada penalista, México es un país con un genocidio por goteo en tiempos de aparente paz. Cuando se enteró de los tráileres con cientos de cuerpos apilados y abandonados en Jalisco, lo primero que se le vino a la mente fue la negligencia con la que actuaron las autoridades. “No puedes preservar los cuerpos en un camión refrigerado, ni tenerlos por más de tres meses en el forense por cuestiones sanitarias. Hasta los muertos deben tratarse con dignidad”.

Ciani cuestiona la incapacidad del Estado mexicano y su desinterés por saber quiénes son los muertos, su desinterés por tratarlos con la dignidad que merecen aunque ya no estén; se pregunta de qué familia vienen, quién los está esperando en casa. Según la penalista, la impunidad es tan abrupta, que los delincuentes ni siquiera se preocupan por ocultar cadáveres o esconder evidencia de un homicidio porque en México nunca pasa nada.

Chantal, periodista independiente, viajó de México a Colombia buscando una respuesta. ¿Cómo se atiende una crisis de desapariciones? De ese viaje y otras experiencias internacionales, la periodista comprendió que lo primero por hacer es aceptar que hay una epidemia de desapariciones. Después pedir ayuda a organismos internacionales para identificar los cuerpos, porque lograr esa identificación es una tarea titánica que requiere infraestructura, tecnología y dinero. “Pero si México ni siquiera reconoce que tiene un problema, ¿cómo enfrentarlo?”.

Explicarle al mundo lo que ocurre en México con los muertos que aparecen y los que no aparecen le resulta a Chantal apremiante. Sabe que la palabra que lo describe no es “guerra”, porque en ella hay dos bandos implicados que tienen herramientas; ella prefiere explicar que México orquesta un ataque contra la población civil utilizando una de las peores tácticas: la eliminación. “Es borrarte, borrar tu identidad, tu vida, tu rastro y dejar a las familias en el peor terror: la incertidumbre”.

Chantal e Italy no se conocen. La primera es periodista; la segunda, abogada penalista. En entrevistas por separado se les pregunta ¿quiénes son los del tráiler, los de las fosas clandestinas en Tamaulipas, los huesos que aparecen debajo de la tierra en Veracruz y Tamaulipas, los retazos de ropa empolvada en Guerrero? ¿Quiénes son? Ambas coinciden: “Somos nosotros”.

Los NN de México

México cuadruplica la cifra de los casi 9.000 desaparecidos durante la dictadura militar argentina; pronto rebasará los 40.000 de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile.

Reducir la explicación de los cientos de cuerpos encontrados en un camión como una mera consecuencia del enfrentamiento entre los grupos criminales en disputa de las plazas, es abordar el tema desde una arista superficial. De hecho, es el argumento que ha servido durante los últimos 12 años para querer explicar un problema sistémico que afecta a todo el país: la impunidad. Cuando a un homicidio se le tacha como consecuencia de la lucha del crimen organizado, es una licencia para dejar el asunto judicialmente en el archivo.

Los primeros reportes aparecieron en Taxco en 2010. Esta ciudad guerrerense, a mitad de camino entre Ciudad de México y Acapulco, fue el principal centro productor de plata de la Nueva España en tiempos de la Colonia. Allí, miles de indígenas murieron en las profundidades de la tierra a causa de los trabajos forzados a los que los sometieron los españoles. Centurias después, esos mismos tiros mineros fueron utilizados por los grupos criminales para aventar cadáveres e incluso personas vivas.

La desaparición de un cabo del Ejército y dos funcionarios del sistema penal de Guerrero derivó en el hallazgo de más de 100 cadáveres abandonados en las minas coloniales. En Veracruz, estado ubicado en el Golfo de México, tan solo en 2017 fueron encontradas 343 fosas clandestinas donde fue desenterrado un rompecabezas de más de 30.000 fragmentos de cráneo y huesos. En septiembre de este año, se encontró otra fosa con 166 cadáveres, donde también se encontró ropa y 114 identificaciones que podrían dar una pista de quiénes eran las personas enterradas.

Mientras se escribe esta nota, la prensa reporta un cementerio clandestino más en el estado de México en un paraje abandonado. Aunque las autoridades todavía no confirman si los huesos corresponden a personas o animales, se sabe de manera extraoficial que del interior fueron sacados cuatro hombres y una mujer.

La vorágine dantesca que envuelve al país azteca tiene a México adormecido, un poco anestesiado, quizás un tanto indiferente. Enfrentamiento entre grupos criminales, sí. Que algunos son juez y parte de ese choque, también.

Pero en los huesos y cuerpos que deambulan debajo de la tierra también hay mujeres y hombres comunes y corrientes. Policías en servicio, funcionarios públicos, adolescentes en el lugar equivocado. Una fosa gigante y finita como la tierra que quiere borrarlo todo.

Las morgues de todo México están rebasadas en su capacidad. Los refrigeradores forenses no dan abasto y los cuerpos no son enterrados por una mala interpretación de una nueva ley federal, que ante la falta de recursos en el sistema judicial ha creado una verdadera crisis de salud.

Actualmente no hay una estadística pública que indique cuántos desconocidos están en espera de ser inhumados, pero la cifra alcanza los miles a la par de los reportes de insuficiencia estructural en los servicios forenses de toda la república.

Antes de que fuera promulgada la ley en materia de desaparición forzada y se creara un Sistema Nacional de Búsqueda, los cadáveres iban a parar a fosas comunes acompañadas de unas cuantas paladas de cal, engrosando la fila de los asuntos no resueltos.

Pero la nueva ley obliga a que los cadáveres de personas con identidad desconocida no pueden ser incinerados, destruidos ni desintegrados. La literalidad y la aplicación de esta ley obliga a incrementar el inventario de desconocidos identificados como NN en las gavetas forenses en espera de ser reclamados por algún familiar. No hay dinero para hacer pruebas genéticas ni un sistema interconectado que permita al aparato judicial dar la certeza de conocer el paradero de un familiar desaparecido.

Mucho menos habrá flores ni ataúd.

* Periodista colombiana en México 

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