Enmienda 25 o juicio político: así son las dos opciones para destituir a Trump

(AGENCIAS)

11 de Enero de 2021.- Aplicar la Enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos o iniciar un juicio político, el segundo, contra Donald Trump. Esas son las opciones que los demócratas, y cada vez más republicanos, contemplan para destituir al presidente Donald Trump a nueve días de que abandone el cargo. Los demócratas de la Cámara de Representantes ya dieron el primer paso y presentaron este lunes una resolución que contiene un solo artículo de juicio político contra el presidente Donald Trump que lo acusa de ‘incitación a la insurrección’ por su rol en el ataque al Capitolio la semana pasada.

La Enmienda 25, un blindaje para el poder en EU

La resolución apunta que Trump se dirigió a una multitud en una manifestación poco antes de que sus partidarios iniciaran el ataque y dice que hizo declaraciones que ‘alentaron y previsiblemente resultaron en’ las acciones ilegales en el Capitolio. También presentaron una resolución donde piden al vicepresidente Mike Pence y al gabinete que destituyan a Donald Trump, por su incapacidad para el cargo, invocando la Enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos. La noche del domingo, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció que está lista para lanzar el segundo juicio contra el presidente Donald Trump, a menos que decida dejar la Casa Blanca en los próximos días. Si Pence no destituye al presidente, ‘la legislación sobre el procedimiento de destitución será presentada’ a los legisladores, escribió Pelosi el domingo en una carta a los parlamentarios. ¿En qué consisten los dos procedimientos? ¿Cuáles son las consecuencias legales para Trump? A continuación, explicamos ambos procesos que pueden terminar con la carrera política del magnate inmobiliario. Desde horas después del asalto al Capitolio, la comisión de Justicia de la Cámara de Representantes exigió que se aplicara la Enmienda 25 al presidente Trump, por su participación en la toma del Congreso de Estados Unidos el día que se certificó la victoria del demócrata Joe Biden.Seguidores de Trump irrumpen en Congreso de EU

A la petición se unieron al día siguiente los líderes demócratas en ambas cámaras —Pelosi y Chuck Schumer— , así como 100 legisladores, incluído un republicano, el representante Adam Kinzinger. El congresista demócrata Steny Hoyer de Maryland presentó este lunes la resolución pidiendo a Pence que apele a la Enmienda 25 y declare a Trump ‘incapaz de ejercer las funciones de su cargo’. Como era de esperar, los republicanos bloquearon una votación inmediata sobre esa resolución y los demócratas prosiguieron entonces presentando un artículo de acusación contra Trump por ‘incitación a la insurrección’ por su papel en la toma del miércoles del Capitolio por parte de sus partidarios. El republicano Alex Mooney de Virginia Occidental se opuso a aprobar la resolución por ‘consentimiento unánime’, por lo que ésta se someterá a votación el martes. La resolución da 24 horas a Pence para actuar si no quiere que haya un juicio político Aunque no se espera ninguna acción por parte del vicepresidente. La Enmienda 25 fue creada después del asesinato del presidente John F. Keneddy en 1963 para proteger al gobierno de Estados Unidos de supuestos como la enfermedad repentina del mandatario. Esta enmienda fue diseñada para abordar las brechas constitucional existentes sobre la sucesión presidencial en casos de problemas de salud, pero puede aplicar en caso de que se considere que el mandatario es “incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo.

Bajo sección cuatro de la enmienda, que es la que los demócratas exigen que se aplique a Trump, el vicepresidente y la mayoría del gabinete pueden declarar al presidente inhabilitado para dirigir al país. Los ‘oficiales principales de los departamentos ejecutivos’ a los que hace mención la enmienda son los quince miembros del gabinete, es decir, los secretarios de los diferentes departamentos del gobierno de Estados Unidos, el fiscal general y el vicepresidente. En caso de que el presidente sea apartado del cargo sin su consentimiento, el vicepresidente asumiría inmediatamente y de manera interina la Presidencia y debería nombrar a su vez a un vicepresidente, que debería ser confirmado por ambas cámaras del Congreso. Deberá recibir el respaldo del 60% del Congreso. Pero el presidente puede replicar esta consideración de invalidez y declararse apto para el cargo. En ese momento, el vicepresidente y los miembros del Gabinete que le apoyan tendrían cuatro días para reafirmarse en su decisión y, en ese caso, sería el Congreso quien debería pronunciarse. La enmienda establece que el Congreso debe reunirse en un plazo máximo de 48 horas para decidir, pero da a los legisladores hasta 21 días para tomar una decisión, que debe ser aprobada por una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como del Senado.

Un juicio político: un tribunal al Capitolio.

En caso de que concordaran con la expulsión de Trump, Pence asumiría el cargo hasta la finalización del mandato del actual gobernante, es decir, el próximo 20 de enero. Como es poco probable que el gabinete del presidente tome una acción así, aunque ya la han discutido de manera informal, Donald Trump está a punto de hacer historia en Estados Unidos. Y es que está a punto de convertirse en el primer presidente en la historia de su país en enfrentar dos juicios políticos. En el primer juicio político, los demócratas comandados por Nancy Pelosi acusaron a Donald Trump de presionar a presidente de Ucrania para que investigara la presunta corrupción de Biden, quien a la postre sería su rival en las urnas. Trump fue absuelto por un Senado de mayoría republicana en febrero de 2020. Ahora, los demócratas acusan al presidente de un solo cargo: incitar a la insurrección, por llamar el miércoles a sus seguidores a “pelear” contra el fraude electoral —nunca probado— que se cometió en su contra. Unas dos horas después, miles de personas interrumpieron la sesión del Congreso donde se certificaba la victoria de Biden. ‘Como nuestra próxima medida, avanzaremos para llevar la legislación de juicio político a la Sala. La amenaza del presidente a Estados Unidos es urgente, y también lo será nuestra acción’, aseguró Pelosi en un comunicado este lunes. El texto de la resolución para un juicio político indica que, al alentar la insurrección de sus seguidores, Trump ‘puso en grave peligro la seguridad de los Estados Unidos y sus instituciones de gobierno’. La Cámara de Representantes, bajo control demócrata desde 2019, tiene el ‘poder exclusivo de juicio político’ para los funcionarios federales, y todo lo que se requiere es una mayoría simple para iniciar los procedimientos. Básicamente, la Cámara asume el papel de fiscal, decidiendo si los cargos justifican un juicio político y un juicio político.

La resolución cuenta ya con 210 patrocinadores, lo que prácticamente garantiza que Trump será formalmente acusado de ese cargo político una vez que el pleno vote sobre el tema. Se necesita una mayoría simple de 218 votos para aprobar la acusación contra Trump. Los demócratas tienen 222 escaños de la Cámara Baja. Esto puede confirmarse tan pronto como el miércoles, una semana después del ataque al Capitolio y una semana antes de la toma de posesión del nuevo presidente. Esta acusación, obligaría al Senado a a iniciar un segundo juicio político contra Trump, pero la Cámara Alta no tiene previsto retomar su actividad hasta el 19 de enero, un día antes de que el presidente electo, Joe Biden, llegue al poder. La Cámara Alta actualmente sigue bajo el control del Partido Republicano, pero los demócratas, pasarán a controlar también el Senado después del 20 de enero, por lo que podrían buscar la condena de Trump incluso después de que deje la Casa Blanca, para evitar que pueda volver a postularse para un cargo federal. El Senado es donde se lleva a cabo el juicio. Según la Constitución, la cámara actúa como un tribunal, y los senadores consideran las pruebas aportadas por testigos o cualquier otra forma que se considere adecuada. Los gerentes de acusación designados por la Cámara “procesan” el caso ante el Senado y el presidente puede montar una defensa. El presidente de la Corte Suprema actúa como presidente.

El presidente Trump podría acudir a Rudy Giulianni, uno de sus colaboradores más leales, para que lo defienda en este proceso, de acuerdo con dos fuentes citadas por la agencia Reuters. El ex alcalde de Nueva York lideró la infructuosa campaña legal de Trump para revertir los resultados de las elecciones del 3 de noviembre. No pudo presentar ninguna evidencia de fraude significativo y perdió decenas de casos judiciales en estados clave y en la Corte Suprema antes de que se confirmara la victoria del presidente electo Joe Biden. Aunque se parece mucho a un proceso judicial en un tribunal real, el impeachment es un proceso político ante todo. Según la cláusula de acusación de la Constitución, un presidente puede ser destituido de su cargo ‘por acusación y condena por traición, soborno u otros delitos y faltas graves’. Este lenguaje ha sido fuente de un debate considerable, con algunos expertos legales, como el primer abogado de acusación de Trump, Alan Dershowitz, argumentando que los delitos de impugnación se limitan a delitos reales. Otros (correctamente) no están de acuerdo. La condena requiere dos tercios de los senadores, un umbral deliberadamente alto para evitar que los juicios políticos por motivos políticos tengan éxito. Ningún juicio político anterior de un presidente ha cumplido con este listón: Andrew Johnson (1868), Bill Clinton (1998) y Trump (2019) fueron todos absueltos.

En 2020, el único republicano que votó a favor del juicio político fue Mitt Romney, una de las voces más críticas de Trump en el partido. Y aunque ahora al menos tres senadores republicanos han mostrado su disposición de destituir a Trump, no se espera que este apoyo sea suficiente para condenar al mandatario. Los demócratas están presionando por un juicio político porque la Constitución no solo permite la condena, sino que también prevé prohibir que Trump vuelva a ocupar un cargo federal. Esto frustraría sus ambiciones de postularse a la presidencia en 2024, una perspectiva que no pasa desapercibida para los republicanos con el mismo objetivo. La Constitución no estipula cuántos senadores deben votar a favor de descalificar a un funcionario acusado de volver a ocupar el cargo, pero el Senado ha determinado que una mayoría simple sería suficiente. Esta herramienta también se ha utilizado con moderación en el pasado: la descalificación solo ha ocurrido tres veces, y solo para jueces federales. El mayor obstáculo, sin embargo, es que todavía requiere que Trump sea condenado primero por juicio político por una mayoría de dos tercios en el Senado. El presidente electo ha decidido mantenerse al margen y dejar que el Congreso sea el que actúe en contra de Donald Trump como sea adecuado. Biden dijo a periodistas el viernes pasado que está concentrado en contener la pandemia de COVID-19, garantizar una vacunación rápida y fortalecer la economía. ‘Lo que el Congreso haga es decisión del Congreso, pero… vamos a tener que estar listos para comenzar a funcionar’, dijo Biden cuando se le preguntó sobre la legislación que preparan los demócratas de la Cámara de Representantes para acusar a Trump por su papel en el fomento de la violencia en el Capitolio. Con información de AFP, EFE y Reuters

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