En caso de supercarretera, Gobierno de Durango espera dictamen del Tribunal para pagar indemnizaciones

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Durango, Durango a 12 de Diciembre del 2017.- El Gobierno del Estado de Durango, en el caso de la supercarretera a Mazatlán y los ejidatarios de Otinapa y San Carlos, ha cumplido con las disposiciones del Tribunal Agrario, por lo que se está a la espera de la definición de un tercer avalúo por parte de esa dependencia para proceder a la respectiva liquidación, señaló el Secretario General de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones.

Dijo que el Gobierno del Estado, en el caso del Ejido Otinapa y San Carlos, ha emprendido reuniones y ha acordado acciones conjuntas con los ejidatarios mediante convenios escritos o verbales, de acuerdo a las instrucciones del gobernador José Aispuro Torres, de atender los problemas de los duranguenses para darles una vía de solución.

Alanís Quiñones rememoró que durante la ocupación temporal que se hizo durante la construcción de la supercarretera, el Gobierno del Estado en ese momento firmó un convenio donde se obligó a entregarles anticipos a cuenta de la indemnización que señalara el Instituto Nacional de Administración y Evaluación de Bienes Nacionales (Indaabin), por lo que durante esa temporada se hizo obra y se les entregó dinero en efectivo, por un monto de un millón y medio de pesos.

El año pasado ya las autoridades del ramo, mediante un decreto expropiaron la superficie que ocupa la carretera a Mazatlán, y a raíz de este decreto de expropiación, se expide por el Indaabin un avalúo y se obliga al Gobierno del Estado a pagar 585 mil pesos, mismosque oportunamente fueron depositados como lo indica el decreto correspondiente en el FIFONAFE para que se les hiciera entrega a los ejidatarios.

Sin embargo, los ejidatarios se inconformaron, por lo que actualmente se sigue un juicio, y en el proceso que se lleva a cabo ya se designaron peritos valuadores, uno por parte de ellos, que señaló ya un avalúo por un monto de aproximadamente quince millones de pesos, y otro por parte del Gobierno del Estado, que señala que las tierras que se ocuparon tienen un valor aproximado de tres millones de pesos. El Gobierno del Estado pagará la cifra que se establezca, sin un centavo más, sin permitir que los campesinos fijen el avalúo.

Ante esta situación se solicitó un tercer perito en discordia, mismo que es designado por el Tribunal Agrario, sin embargo, dando una muestra de equidad y no se pensara que se influiría en la designación, ellos escogieron al perito que consideraron que llevaría el avalúo conforme a derecho.

 

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