Ejidatarios quieren 15 veces más por terrenos, se pagará de acuerdo a Ley: Adrián Alanís Quiñones

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Durango, Durango a 26 de Enero de 2018.- El Gobierno del Estado ha mostrado su intención de que se realice un pago justo a los ejidatarios dentro del marco de la ley, señaló el Secretario General de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones, tras destacar que ahora pretenden que se les pague un monto 15 veces mayor por sus terrenos afectados por la supercarretera Durango-Mazatlán.

Indicó que es un conflicto heredado de las administraciones 2004-2010 y 2010-2016, y existen documentos en los que se comprometieron a pagar a los ejidos afectados por el paso de esta vía, sin que se hicieran los pagos respectivos, incluso, durante la administración de Ismael Hernández Deras se firmó un convenio con SCT donde el Gobierno del Estado iba a pagar a los ejidatarios en el tramo de Durango a El Salto y SCT a los pequeños propietarios.

En cuanto al valor de la tierra, en 2008, para terminar con un conflicto entre el ejido Estación Otinapa y San Carlos, y una familia, el 22 agosto se hizo un pago de un millón 632 mil pesos por 510 hectáreas, mismo que se dividió en partes iguales, por lo que correspondió el monto de 255 hectáreas a la familia Gurrola y 255 al ejido, con un monto de tres mil 200 pesos por hectárea.

En operaciones realizadas con terrenos equiparables, el 15 de abril de 2016, en el Fraccionamiento Llano Grande, se hizo un pago por diez millones de pesos, correspondientes a 633.60 hectáreas, con el Folio Real de 10-005-326259, lo que representa un costo por hectárea de 15 mil 777 pesos, por lo que ahora la pretensión de cobrar casi 260 mil pesos por hectárea está a todas luces fuera del marco jurídico, por lo que puede considerarse amañado el peritaje presentado.

Asimismo, el 07 de marzo de 2017, la SCT hizo un pago por 786 mil pesos por concepto de indemnización de 35.76 hectáreas, en el tramo de Llano Grande, del

kilómetro 52+149 al 58+008, que cubre el avalúo G-09606-ZNA del INDAABIN, lo que corresponde a un pago de 22 mil pesos por hectárea.

En el caso de los ejidatarios de Estación Otinapa y San Carlos, mediante oficio dirigido al Secretario de la Reforma Agraria y firmado por el comisariado Raúl Sarmiento, pidieron el 12 de agosto de 2008 que fuera considerado el precio de la hectárea en 20 mil pesos y se les tomara en cuenta para incrementar el monto del avalúo 01-08-0309 G-38571-8-HMU realizado por el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacional INDAABIN), de era de tres mil 975 pesos con 45 centavos por hectárea.

Asimismo, en ese mismo oficio se señala que quedó pendiente de considerar en este avalúo una superficie de 3.50 hectáreas, las cuales no fueron medidas en un principio, y fueron posteriormente sido medidas y certificadas por el Registro Agrario Nacional, con la finalidad de que también se consideren como parte de la afectación al ejido, por lo que ahora carece de congruencia la pretensión de cobro que hacen los ejidatarios.

Por otra parte, en cuanto al peritaje presentado, presenta algunos aspectos que no corresponden a la realidad, ya que se afirma que se realizó en una superficie de 68 hectáreas en lugar de la afectación de 50 hectáreas, tal y como se encuentra en el decreto expropiatorio.

Además, señala que es una superficie eminentemente forestal, y lo compara con otros ejidos como La Victoria o El Brillante, que han ocupado primeros lugares de aprovechamiento forestal a nivel nacional, mientras que la propia Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente ha señalado que estas tierras son de agostadero, con un coeficiente de 16.7 hectáreas por unidad animal, y en los últimos años el Ejido Estación Otinapa y San Carlos no tiene ningún aprovechamiento forestal, lo que fue ratificado en el primer avalúo por parte del INDAABIN.

Reiteró el funcionario estatal su disposición a continuar con el diálogo, incluso se ha hecho el ofrecimiento a los ejidatarios de restituirles una superficie similar de tierras a las afectadas por la construcción de la supercarretera, sin que hasta el momento haya una respuesta.

Será el magistrado del Tribunal Unitario Agrario quien determine el monto a pagar después de analizar el avalúo presentado por un profesional, honesto y con base en la realidad, además de tomar en cuenta las consideraciones que haga llegar el Gobierno del Estado, al dictar sentencia dentro del juicio que se lleva a cabo en esa instancia judicial.

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