Contrapunto

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POR: Hugo Ramírez Iracheta

CUANDO de la salud pública se trata, la cadena del mercado de productos “chatarra”, la cual inicia desde las grandes empresas hasta terminar con la “tiendita de la esquina”, siempre ofrece alinearse con las normas oficiales en el cuidado del bienestar de los compradores.

Sin embargo, en la práctica, cada quien ve por sus intereses, sin importar la sociedad, incluyendo toda la burocracia oficial. Gobernadores, senadores, diputados federales y todo el aparato burocrático que tiene nexos con la venta de refrescos, jugos y todas las “botanas” empaquetadas imaginables, se suman al objetivo de los empresarios y comerciantes: vender, vender y vender.

La industria refresquera ha encontrado en México el paraíso de compra a sus productos. Igual las panificadoras y aquellas especializadas en preparar bocadillos. Cualquiera, sin importa sexo o edad, puede comprar todo tipo de comida “chatarra”, denominada de esta manera porque es rica en carbohidratos y carece o tiene pocas proteínas. Su valor alimenticio es nulo.

El exceso en la ingesta de estos productos provoca, está comprobado científicamente, obesidad y ese estado se considera mórbido pues es causa de muchos padecimientos. Los más conocidos son la diabetes, la hipertensión y problemas cardiovasculares. Pese al conocimiento que tienen los padres de familia, y hasta los adolescentes, se abusa en comer estos productos.

La pandemia del COVID-19 puso de relieve este grave problema de salud, el cual ocasiona grandes gastos a los gobiernos federal, estatal, municipal y al sistema de salud pública. Se erogan millones de millones de pesos para surtir las farmacias del Seguro Social, ISSSTE y la SSA. (Por cierto, las delegaciones estatales del Seguro e ISSSTE eran defraudadas por algunos gobiernos estatales).

El COVID 19 y los malos manejos de las delegaciones del ISSSTE y Seguro Social hicieron necesaria la intervención del Gobierno federal. Éste cambió el sistema de compra y entrega de los insumos a clínicas y hospitales de los organismos mencionados. La restricción del dinero provocó un enfrenamiento entre autoridades estatales contra la administración federal.

Además de lo anterior, el Gobierno federal decidió iniciar una campaña contra los malos hábitos alimenticios y adquirir costumbres sanas en la alimentación. Por lo pronto, en Oaxaca, los niños ya no podrán comprar refrescos. Se prohibió la venta de bebidas con alto contenido de calorías a menores de edad como una forma de combatir la obesidad.

La legislación en el estado sureño podría ser un ejemplo para otras entidades con graves problemas de obesidad.

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