|
Se desborda presa en
Michoacán
Las comunidades más
afectadas son El Salto, Zurú, Curucheo Grande, Chucándiro,
El Salitre, Arenas y el Jacal; al menos mil hectáreas de
diferentes cultivos se encuentran anegadas
Agencias/Especial
Morelia, Michoacán, 30 de julio.-Las intensas lluvias de las
últimas horas provocaron el desbordamiento de una presa en
el municipio de Chucándiro, informaron autoridades de dicha
localidad.
Señalaron que por lo menos mil hectáreas de diferentes
cultivos, pertenecientes a 10 rancherías de la zona, se
encuentran anegadas.
Autoridades municipales abrieron un albergue temporal, en
donde puedan instalarse posibles afectados.
El presidente municipal, Guadalupe López González, dio a
conocer que la presa, con capacidad para un millón de litros
cúbicos, empezó a desbordarse el jueves, afectando cultivos
de maíz de las comunidades de El Salto, Zurú, Curucheo
Grande, Chucándiro, El Salitre, Arenas y el Jacal, entre
otras.
Dijo que las tierras presentan inundaciones de hasta 40
centímetros de altura, por lo que es prácticamente un hecho
que los cultivos se pierdan.
Asimismo y ante las inminentes inundaciones que ocasionará
el desbordamiento, habitantes de las zonas bajas del
municipio han empezado a ser desalojados de sus viviendas.
Elementos de Protección Civil de Cuitzeo y Morelia apoyan en
estas acciones, junto a elementos de la Policía Municipal.
En tanto, en el municipio de Tuxpan, en el oriente
michoacano, sigue la emergencia ante el inminente
desgajamiento del cerro de La Cruz.
Desde ayer, más de 500 habitantes de la colonia Ampliación
Pueblita fueron desalojados de sus hogares, para evitar una
desgracia.
SE alista programas
ante éxodo de migrantes
El secretario Bruno
Ferrari descarta que el regreso de mexicanos sea una
situación de emergencia para la economía del país
Agencias/Especial
México, D.F., 30 de julio.- El secretario de Economía, Bruno
Ferrari García de Alba, adelantó que la dependencia a su
cargo ya trabaja en programas específicos para los
connacionales que regresan de Arizona con motivo de la
entrada en vigor de la Ley SB1070.
En conferencia, el funcionario dijo que si bien el regreso
de mexicanos no es una situación de emergencia, 'sí hay
diferentes planes y proyectos', y se trabaja en coordinación
con la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Además que la dependencia exhortará a grandes empresas
establecidas en Arizona para que vengan al país y contraten
a los mexicanos que trabajaron en esa entidad estadounidense
porque ya tienen una capacitación específica.
Otra opción, dijo, sería conformar nuevas empresas con los
connacionales que regresen para que den a conocer sus
proyectos y los mercados que desean conquistar.
Ex directora de penal
declara en SIEDO
Margarita Rojas
Rodríguez, ex titular del Cereso de Gómez Palacio, fue
trasladada a la ciudad de México acusada de permitir la
salida de internos que pertenecen al crimen organizado
Agencias/Especial
México, D.F., 30 de julio.- La ex directora del Centro de
Readaptación Social (Cereso) de Gómez Palacio, Durango,
Margarita Rojas Rodríguez, rindió su declaración en las
instalaciones de la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) .
En un comunicado, la Procuraduría General de la República
(PGR) informó que también lo hicieron tres ex servidores
públicos de ese penal: Carlos Francisco Alberto Uranga Orona,
José Guadalupe Rivas Ordaz y Roberto Enríquez Aguayo.
Los cuatro ex funcionarios fueron trasladados el jueves a la
ciudad de México al cumplimentarse una orden de localización
y presentación dictada por el agente del Ministerio Público
de la federación de la Unidad Especializada en Investigación
de Delitos Contra la Salud de la SIEDO.
En las próximas horas, el fiscal federal determinará la
situación jurídica de Rojas Rodríguez; de Uranga Orona, ex
subdirector; de Rivas Ordaz, ex jefe de custodios, y de
Enríquez Aguayo, ex encargado de turno, quienes están
acusados de los ilícitos de delincuencia organizada y los
que resulten.
De acuerdo con las constancias de la indagatoria, Rojas
Rodríguez permitía la salida de internos que pertenecían a
grupos de delincuencia organizada, a quienes proporcionaba
vehículos y armas de fuego que tenían en resguardo los
custodios del referido centro de reclusión.
Los presos realizaban múltiples ejecuciones en distintas
zonas del estado de Coahuila, como las ocurridas en dos
bares y en una quinta que se localizan en el municipio de
Torreón, donde 34 personas fueron privadas de la vida y
varias resultaron lesionadas.
Incautan 2 millones de
dosis de cocaína
Elementos del Ejército
y la Policía Federal realizó el decomiso en Durango; una
persona fue detenida
Agencias/Especial
Militares y policías federales aseguraron el equivalente a
dos millones de dosis de cocaína, algunas ocultas en siete
bultos en los que se transportaba plata, en el estado de
Durango, informó la Procuraduría General de la República
(PGR) .
El hallazgo ocurrió en el bulevar Atrmando del Castillo
Franco, del Parque Industrial Lagunero, donde fueron
asegurados 98 kilos y 980 gramos de la droga, que se
encontraban en un tractocamión que transportaba un
contenedor con siete bultos que contenían el mineral.
A un lado de ellos se encontraron tres maletas sobre el
piso, con un total de 100 paquetes que contenían cocaína y
con un peso aproximado de entre 800 y 900 gramos cada uno,
confeccionados con cinta adhesiva y plástico transparente,
con la leyenda en el exterior que decía '99% Angel'.
El agente del Ministerio Público Federal adscrito a la
Subdelegación de Gómez Palacio, Durango, inició la
averiguación previa AP/PGR/DGO/GP/155/2010 contra Alberto
Blanco Torres y quien o quienes resulten responsables en
este delito contra la salud.
El chofer del tractocamión y la droga fueron incautados y
puestos a disposición del fiscal de la Federación, quien se
encuentra practicando todas las diligencias necesarias para
continuar con la integración de la averiguación previa
correspondiente.
Asimismo, fueron presentados para rendir su declaración
ministerial tres personas más, entre ellas el gerente de la
empresa donde se realizó el aseguramiento.
SRE: 500 mil mexicanos
indocumentados en Arizona
La Secretaría de
Relaciones Exteriores informa que el 88.6% de la población
hispana en ese estado es de origen mexicano
Agencias/Especial
México, D.F., 29 de julio.- Entre 400 mil y 530 mil
mexicanos podrían residir sin documentos en Arizona, en
tanto que más de un millón 800 mil habitantes de ese estado
tienen sus orígenes en México, informó la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE).
En una tarjeta informativa dada a conocer este jueves al
entrar en vigor la aplicación de la ley SB1070, señaló que
88.6% de la población hispana en Arizona es de origen
mexicano.
Indicó que hasta la fecha se han presentado un total de
siete demandas contra dicha ley, entre las que destacan las
interpuestas por el Departamento de Estado de la Unión
Americana y las asociaciones civiles American Civil
Liberties Union (ACLU) y Mexican American Legal Defense and
Educational Fund (MALDEF).
La línea telefónica de la cancillería en Arizona recibió
entre enero y el 25 de julio de este año un total de nueve
mil 566 llamadas, de las cuales 418, es decir, 4.36%, eran
para solicitar información específica sobre esta
legislación.
La Secretaría de Relaciones Exteriores destacó el hecho de
que entre enero y junio fueron deportados de Arizona a
México cuatro mil 47 menores de edad que no estaban
acompañados de adultos y que se encontraban en Estados
Unidos sin documentación legal.
Además, hasta julio de este año un total de 154 mexicanos
fallecieron en Arizona en su intento por llegar sin
documentos a Estados Unidos, abundó en la tarjeta
informativa.
No hay
retraso en el ejercicio del presupuesto de la SRA,
informó su titular a la Cámara de Diputados
El programa
Formar ejerció el 100% de su presupuesto y los recursos de
otros programas se ejercerán en su totalidad en los próximos
meses
Abelardo Escobar Prieto tuvo una reunión de trabajo con la
Comisión Interesecretarial para el Desarrollo Rural de la
Cámara de Diputados
El secretario de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar
Prietoe:, informó a la Cámara de Diputados del avance en el
ejercicio del presupuesto de los programas sociales y
atención a conflictos agrarios al primer semestre del año y
dijo que no hay retraso en su asignación. Los recursos se
aplicarán en su totalidad en los próximos meses, afirmó.
En reunión de trabajo con la Comisión Interesecretarial para
el Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, que preside
el legislador Federico Ovalle Baquera, en la que también
estuvo Francisco Mayorga Castañeda, Secretario de
Agricultura, Escobar Prieto explicó que la SRA tiene como
ejes prioritarios consolidar los derechos sobre la tenencia
de la tierra, atender conflictos agrarios, la organización y
capacitación de los campesinos y el impulso a proyectos
productivos.
Informó a los diputados que la SRA ha ejercido al 100 por
ciento los 178 millones de pesos de presupuesto del Programa
de Fomento al Desarrollo Agrario (Formar), orientado a la
capacitación y organización de los campesinos para la
producción.
Asimismo, señaló que no hay demora en la asignación de
recursos de los programas de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag)
y del Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en el
Medio Rural (Fappa), que tienen un presupuesto de 772 y 780
millones de pesos, respectivamente.
Explicó que se han canalizado 450 millones de pesos de
Promusag y 317 millones de Fappa y que el resto del
presupuesto se ejercerá a más tardar el 15 de septiembre. No
sólo vamos al corriente en la asignación de los recursos de
estos programas, sino que ya se está disponiendo del
presupuesto correspondiente al mes de agosto, agregó.
Por lo que hace a la atención a conflictos agrarios, el
titular de la SRA explicó que es difícil calendarizar el
ejercicio del presupuesto, en virtud de que la solución de
problemas por la posesión de tierra depende de la voluntad
de las partes, de que se acredite la titularidad de la
propiedad y de que se acepten las propuestas de la SRA
basadas en los avalúos.
No obstante, refirió que en el primer semestre el Programa
de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (Cosomer)
ejerció 288 millones de pesos en resolver 87 conflictos y
está por concretarse la solución de otros 120 asuntos en los
que se invertirán los 550 millones de pesos restantes del
presupuesto anual del programa que es de 837 millones de
pesos.
Respecto al cumplimiento de obligaciones jurídicas
ineludibles, el funcionario mencionó que se han ejercido 77
millones de pesos y se tienen pendientes 46.3 millones, y
destacó que en el primer semestre del año la SRA ha evitado
erogaciones por 114 millones de pesos al ganar asuntos en
tribunales en beneficio de la Federación.
No obstante, dijo que el las próximas semanas se ejercerán
esos 46.3 millones de pesos en el pago de indemnizaciones
por afectaciones agrarias y en la compra de tierras para
cumplir lo previsto en el artículo 309 de la Ley Federal de
Reforma Agraria.
Escobar Prieto admitió ante los diputados que existe un
retraso en el ejercicio de los recursos del Programa Joven
Emprendedor Rural y Fondo de Tierras, debido a que se
modificaron sustancialmente las reglas de operación para
potenciar los apoyos destinados a proyectos productivos,
pero aseguró que ya se hicieron las adecuaciones necesarias
para que el recurso fluya con oportunidad.
Narco mexicano supera
a mafias de Italia y Colombia
Se expande más allá de
sus mercados naturales: Buscaglia. Aumentan operaciones de
cárteles aztecas en EU, Canadá, la UE y Asia
Agencias/Especial
México, D.F., 28 de julio.- Los grupos criminales mexicanos
se ubican como los terceros más importantes a nivel mundial,
sólo superados por la mafia ruso-ucranianas y la china, que
se encuentran en primero y segundo lugar.
“Las mafias italiana y colombiana están muy por debajo”,
aseguró Edgardo Buscaglia, experto reconocido por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y catedrático del
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en el DF.
“Los grupos mexicanos están en el lugar número tres, pasaron
del lugar cinco al tres, esto de acuerdo al ranking que
generamos anualmente en el Centro Internacional de
Desarrollo Legal y Económico”, informó.
En los últimos cuatro años, explicó, los cárteles de México
han aumentado 735% su presencia en las listas negras de
bienes patrimoniales que tienen Estados Unidos, Canadá, la
Unión Europea y Asia, lo que se traduce en el reconocimiento
de que los grupos mexicanos ya se expandieron globalmente,
aseguró Buscaglia en entrevista telefónica desde Afganistán
donde realiza trabajo de campo de investigación para la ONU.
A título de catedrático del ITAM y director del Centro
Internacional de Desarrollo Legal y Económico, Buscaglia
dijo que las cifras más recientes que ha obtenido, le
permiten concluir que las autoridades de esos países
reconocen el crecimiento de la capacidad patrimonial de los
grupos criminales mexicanos.
“Eso puede ser porque se está investigando mejor a esos
grupos, o puede ser porque aumentaron en su escala esos
grupos. Pero el reconocimiento es que han aumentado
tremendamente y es por eso que se está poniendo el dedo a
este problema con mucha más frecuencia. Hay un
reconocimiento ya global de que los grupos mexicanos tienen
una presencia global ya preocupante”, complementó Buscaglia.
El catedrático ha dado a conocer, que por ejemplo, el cártel
de Sinaloa mantiene operaciones en 40 países del mundo, lo
que le permite tener una impresionante estructura
financiera.
Cárteles prefieren Europa
El factor de dinamismo de crecimiento de la presencia de las
empresas sospechosas mexicanas ligadas con los cárteles
mexicanos ha aumentado más en las listas negras de la Unión
Europea que en el resto de los países, precisó el experto de
la ONU.
“En parte por la apreciación del euro que generó atracción
hacia la Unión Europea, además de que existen bolsones de
ingobernabilidad en países nuevos que se han incorporado a
la Unión Europea, lo que ha generado demanda de entrada de
capitales con una enorme corrupción en el sector privado lo
que produce un atractivo enorme”.
Los cárteles mexicanos, comentó, están prefiriendo al
mercado patrimonial de la Unión Europea, seguidos de la
India en Asia por la enorme cantidad de insumos ilegales de
la industria farmaceútica como precursores para drogas
sintéticas.
A nivel mundial, México es el destino principal de los
cargamentos de efedrina y pseudoefedrina que utilizan los
cárteles mexicanos para elaborar drogas sintéticas,
destacando la India como el principal proveedor de
precursores para metanfetaminas, informó el Reporte
Internacional Estratégico de Control de Drogas 2010 del
Departamento de Estado Norteamericano.
Para el caso de México, “los decomisos mostraron que los
cargamentos continúan originándose en India a través de
países europeos, Estados Unidos, Centroamérica y Argentina”.
Pero, el reporte del Departamento de Estado de EU destaca
que “los decomisos también indican nuevos patrones desde la
India a través de Corea del Sur destinado a México”.
Dolor de cabeza para otros
Con el análisis de información y los decomisos realizados en
el periodo del 1 de julio de 2009 al 31 de marzo de 2010 “se
reafirma que la India es la principal fuente y México el
principal destino” de esos precursores químicos, detalló
Edgardo Buscaglia.
El profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México
expuso que los grupos criminales mexicanos se han expandido
más allá del ámbito territorial de sus mercados naturales y
están presentes en mercados que normalmente eran ajenos a su
ámbito patrimonial y se han convertido en un dolor de cabeza
para autoridades de otros países.
Los cárteles mexicanos, agregó el especialista, en realidad
“son grupos criminales que abarcan a porciones del Estado
mexicano, a porciones del sector legal mexicano, y a
porciones de grupos armados mexicanos”.
Opinó que la delincuencia organizada mexicana forma parte
del Estado y lo explicó:
“Cuando uno habla que el Estado mexicano se ha fragmentado
en su debilidad, quiere decir que diferentes fragmentos del
Estado mexicano a nivel municipal o estatal, forman parte ya
estructural del crimen organizado y la proyección que eso le
da mundialmente es enorme: falsificación de certificados de
importación y exportación en los puertos mexicanos con
protección del Estado del más alto nivel”.
Temen deportación
masiva por SB 1070
Las autoridades
preparan albergues ante el posible arribo de paisanos.
Sonora pide a EU más rutas para repatriaciones
Agencias/Especial
Hermosillo, Sonora, 28 de julio.- El gobierno de Sonora
pedirá al de Arizona que si la ley SB 1070 entra en vigor,
no realice deportaciones exclusivamente por los puertos
fronterizos de la entidad, pues representaría un gran
problema.
La propuesta concreta es que se divida a la gente que será
expulsada de Estados Unidos y se distribuya a lo largo de la
frontera, mientas que el estado prepara albergues en caso de
un éxodo masivo.
El subsecretario de Gobierno, César Bleizeffer, dijo: “Si
viene una repatriación masiva, que las repatriaciones sean
por diferentes estados, no únicamente por Nogales, Agua
Prieta, Naco, por el estado de Sonora. No están
[repatriando] en [Ciudad] Juárez, hay que trabajar para que
también sea un punto de entrada”.
La propuesta, avalada por el Instituto Nacional de Migración
(INM) de Sonora, se justifica porque 80% de las
deportaciones de EU a México se hacen vía Nogales. En 2009
se registraron 215 mil casos a través de ese puerto
fronterizo, y en lo que va de este año suman 91 mil.
El delegado estatal del INM, Alejandro Salas Domínguez, dijo
que se desconoce el efecto que pueda tener la posible
implementación de la ley SB 1070 en Arizona, a partir del 29
de julio próximo.
Autoridades federales y estatales de México esperan que se
llegue a un acuerdo con sus contrapartes estadounidense para
que expulsen a los migrantes también por los estados de Baja
California, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas.
Listos, albergues
El gobierno de Sonora aseguró que si se registra una
repatriación masiva de connacionales al entrar en vigor la
legislación de Arizona, la entidad está preparada para
hacerle frente, pues ya tiene listos siete albergues en la
zona fronteriza.
De presentarse un éxodo de migrantes, el estado garantizó
que tendrá la capacidad de recibir cinco veces más de los
que actualmente está atendiendo.
El gobierno estatal también proyecta abrir otros 25
albergues en los municipios de Nogales, Agua Prieta, Sásabe,
Naco y San Luis Río Colorado.
Nogales tiene capacidad para recibir actualmente a 600
personas a la semana, pero de presentarse algo
extraordinario, como una deportación masiva, podría atender
hasta 3 mil migrantes.
Indígenas expresan temor
Indígenas cucapás de Sonora manifestaron temor de que, con
la entrada en vigor de la ley, policías de Arizona cometan
abusos contra ellos por el color de su piel.
El regidor étnico del cabildo local, Alfonso Tambo Ceceña,
dijo que miembros de la tribu residentes en San Luis Río
Colorado con frecuencia cruzan a territorio estadounidense a
visitar a sus hermanos.
Dijo que “el problema es que los cucapás de Sonora van a
cruzar con su pasaporte al otro lado, pero los pueden
detener sólo por el color de su piel”.
Comentó que sus hermanos indígenas residentes en la Reserva
de Somerton, en Arizona, quizá no tengan tantos problemas
con las autoridades, pues ellos tienen medios para
defenderse.
Dijo que los miembros de la etnia están en contra de la ley
SB 1070 que criminaliza a las personas que viven de manera
ilegal en Estados Unidos.
“Yo lo que veo es que es un racismo y lo vemos mal; incluso
a la gente que está de legal en el otro lado, o que hasta es
ciudadana americana, ya la están señalando por ser morena”,
denunció.
Tambo Ceceña comentó que ha atendido varios casos de
personas que acuden al cabildo local a solicitar ayuda tras
haber sido deportadas de Estados Unidos, y que aseguran
haber sufrido maltratos de las autoridades de aquel país.
Debido a los problemas que ya se han presentado, confió en
que la situación no empeore con la implementación de la
nueva legislación antiinmigrante.
La FAO evalúa
positivamente los programas Joven
emprendedor rural y FORMAR de la SRA
· El 90 por
ciento de las 461 empresas creadas con el apoyo del Joven
Emprendedor continúan operando; los beneficiarios de Formar
han incrementado sus ingresos
· La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación hizo recomendaciones para mejorar ambos
esquemas de apoyo
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO) entregó a la Secretaría de la Reforma
Agraria los resultados de la evaluación que realizó a los
programas Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras y
Fomento al Desarrollo Agrario (Formar) en 2009.
El informe, que fue entregado por María del Carmen Culebro,
oficial a cargo de la Representación de la FAO en México, a
la subsecretaría de Política Sectorial, Beatriz Herrera del
Rincón, destaca que los logros alcanzados por el programa
Joven Emprendedor Rural son significativos, mientras que en
Formar hay progresos importantes y sostenibles, y propone
nueva acciones para perfeccionar ambos esquemas, con miras a
obtener resultados más positivos.
Al respecto, la subsecretaria Beatriz Herrera señaló que la
evaluación de los programas permite modificar las reglas de
operación y la normatividad para que éstos mejoren desde el
punto de vista productivo, administrativo y en lo que se
refiere a mecanismos de rendición de cuentas, transparencia
y profesionalización.
Por su parte, Luis Gómez Oliver, Consultor Principal del
Proyecto de Evaluación de la FAO, dijo que estos programas
que impulsa la SRA no son paliativos para la pobreza, sino
que impulsan la creación de capacidades para mejorar las
condiciones de vida de los beneficiarios.
De acuerdo con la evaluación, el programa Joven Emprendedor
Rural y Fondo de Tierras logró que los jóvenes beneficiarios
incrementaran sus ingresos en un 21 por ciento, en el primer
año de trabajo. Asimismo, resalta que el 90 por ciento de
las 461 empresas creadas con el apoyo del programa durante
2007 y 2008 continúan operando, y el 62 por ciento logran
una utilidad bruta positiva, siendo mayor en los proyectos
grupales que los individuales.
El texto señala que el programa ha logrado que el 66 por
ciento de los jóvenes que no conocían la actividad
productiva apoyada, adopten la tecnología propuesta, además
de que un 33 por ciento de los beneficiarios le agreguen
valor a su producto a través del empaque.
Sin embargo, el documento reconoce que es necesario mejorar
las perspectivas de desarrollo sostenible de los proyectos
apoyados, para lo cual recomienda profundizar en la
flexibilización para la adquisición de derechos parcelarios;
elegir a los beneficiarios incorporando criterios de
potencial productivo; complementar la capacidad productiva
con la atención a los mercados y la capacitación gerencial,
administrativa y comercial.
En lo que se refiere al programa de Fomento al Desarrollo
Agrario (Formar), la evaluación de la FAO señala que con los
proyectos productivos comunitarios apoyados en 2009 se logró
que los beneficiarios que no contaban con ningún ingreso
económico ahora tengan ingresos por promedio, al mes, de
1,343 pesos; mientras, quienes ya percibían algún ingreso
económico antes del proyecto han logrado incrementarlo en 35
por ciento.
En lo que respecta a las reuniones de capacitación y de
fomento a la organización agraria, los resultados de la
evaluación revelan que la mayoría de las organizaciones
aplica los conocimientos o habilidades adquiridas.
Asimismo, el 57 por ciento de las organizaciones manifestó
haber tenido resultados positivos en la mejora de la
capacidad técnica, de gestión, administración y planeación y
el 33 por ciento de los grupos apoyados reconocieron mejoras
en los procesos, así como en la capacidad de promoción del
desarrollo local.
Para mejorar el Formar, la FAO propone que se perfeccione la
selección de los proyectos productivos que serán apoyados y
señala que es necesario lograr una mayor articulación entre
el componente de eventos de capacitación y fomento
organizacional y los proyectos productivos.
Campesinos anuncian
boicot a EU por Ley Arizona
La Confederación
Nacional de Organizaciones Sociales, Campesinas y Ejidales
boicoteará los productos de origen estadounidense si la
norma entra en vigor
Agencias/Especial
México, D.F., 27 de julio.- A unos días de que entre en
vigor en Estados Unidos la Ley SB 1070 de Arizona, la
Confederación Nacional de Organizaciones Sociales,
Campesinas y Ejidales anunció un boicot a los productos de
origen estadounidense.
En conferencia de prensa el presidente de este organismo de
nueva creación, Sergio de Alba Ávila, anunció que exigirá al
gobierno mexicano el rompimiento de relaciones diplomáticas
con Estados Unidos, si dicha ley antiinmigrante entra en
vigor.
Toma de huellas dactilares, otra medida antiinmigrante de EU
DENVER.— El gobierno federal está expandiendo un programa
que busca recabar las huellas dactilares de todas las
personas detenidas para determinar si son indocumentadas, lo
que ha suscitado quejas de gobiernos locales y de
activistas.
La iniciativa no ha generado tanta polémica como la Ley
Arizona que penaliza la inmigración ilegal, pero a la larga
podría tener mayor impacto, ya que llevaría a que miles de
inmigrantes sean deportados.
El comandante policial de San Francisco se negó a cumplir
con el plan y el concejo municipal de Washington, DC,
impidió su implementación en la capital del país. La
legislatura de Colorado ha comenzado a debatir el tema y
varios grupos pro inmigrantes le enviaron una carta al
gobernador de ese estado la semana pasada, denunciando que
el plan llevaría a muchos inmigrantes a negarse a cooperar
con la policía “para no verse metidos en líos de
inmigración”.
El programa, llamado Secure Communities (Comunidades
Seguras), estipula la toma de huellas dactilares de toda
persona detenida y el cotejo con los registros del FBI y del
Departamento de Seguridad Nacional. La mayoría de las
localidades en EU aún carecen de esa herramienta, pero la
Agencia de Inmigración y Aduanas paulatinamente amplía su
uso.
Desde 2007, un total de 467 jurisdicciones en 26 estados se
han incorporado a Secure Communities. La Agencia de
Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)
anunció que lo tendrá en todas las cárceles del país para
2013.
El programa se está aplicando primero en las comunidades
donde el gobierno ha detectado una mayor presencia de
inmigrantes sin papeles o altas tasas de delincuencia.
Debido a que todos los que sean arrestados tendrán que dar
sus huellas dactilares, el programa bien podría superar a la
Ley Arizona en cuanto a generación de deportaciones, declaró
Sunita Patel, abogada de Nueva York que interpuso una
demanda a favor de una agrupación proinmigrantes en EU.
Dijo que debido a que cualquier inmigrante indocumentado
será remitido a la ICE aun antes de ser hallado culpable, el
programa podría desembocar en prácticas racistas y
convertirse en una máquina de deportaciones de inmigrantes.
“Esto tiene el potencial de revolucionar el sistema de
procesamiento de inmigrantes”. Patel presentó la demanda en
nombre del National Day Laborer Organizing Network (Red
Organizativa Nacional de Jornaleros), que ha expresado
temores de que el programa sea trasladado a Nueva York. La
demanda exige, entre otras cosas, datos estadísticos sobre
quién ha sido deportado a causa del programa.
Los partidarios del programa sostienen que ayuda a capturar
a peligrosos delincuentes. Entre el 27 de octubre de 2008
hasta mayo pasado, casi 2.6 millones de personas han sido
sometidas a la prueba. De ellas, casi 35 mil fueron
identificadas como inmigrantes sin papeles que tenían
prontuario policial por delitos graves, dijo el ICE.
SNTE niega
“reprobados”; la SEP revela: sacaron 6.7
El mejor
desempeño académico promedio fue el de los profesores de
Colima que con una calificación equivalente a 7.2 fueron
seleccionados
Agencias/Especial
México, D.F., 27 de julio.- El SNTE defendió a los maestros
que tendrán que regresar a la escuela a regularizarse y
rechazó llamar “reprobados” a los que trabajan como
interinos en las escuelas de educación básica y a egresados
de normales.
Mientras, la SEP dio a conocer que los 44 mil 565 maestros
que están en posibilidad de ser contratados aprobaron con un
equivalente a 6.7 en una prueba de 123 preguntas, de las
cuales, 80 fueron válidas para la selección.
Estos resultados, aseguró el sindicato de maestros,
“demuestran el avance en la preparación, confianza y el
esfuerzo de los maestros en el último año”.
El mejor desempeño académico promedio fue el de los
profesores de Colima que con una calificación equivalente a
7.2 fueron seleccionados, mientras que a los de Guerrero
sólo les bastó obtener un 6 de calificación para obtener un
empleo, afirman.
En el extremo contrario están los que obtuvieron las más
bajas calificaciones que fue 2.5 como los estados de Sonora,
Baja California Sur y Guanajuato.
En Jalisco (4 mil 471), Distrito Federal (4 mil 244) y
Guanajuato (2 mil 730) son las entidades que más contratarán
a profesores; en tanto que Colima (278), Baja California Sur
(344) e Hidalgo (592) emplearán al menor número de docentes,
según las cifras de la Secretaría de Educación Pública
(SEP).
A unas horas de darse a conocer los resultados del examen,
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
que preside Elba Esther Gordillo Morales, aseguró que “el
que sólo una parte obtenga una plaza tiene que ver con la
disponibilidad de las mismas” y que la prueba no es “para
aprobar o reprobar; pretende elegir a los mejores”, aunque
de común acuerdo con la Secretaría de Educación Pública
(SEP) denominaron a este como un “Examen Nacional de
Conocimientos y Habilidades Docentes para obtener una plaza
de educación básica para el ciclo escolar 2010-2011”.
A través de un comunicado el sindicato de maestros justificó
los resultados al señalar: “a) éste no es un examen para
aprobar o reprobar; b) todos los sustentantes son
profesionistas y c) la selección tiene como propósito elegir
a los mejores maestros”.
Baile de cifras
Al fijar su postura sobre los resultados, el SNTE explicó el
baile de las cifras en el que incurrió la SEP al modificar
—el domingo y ayer— las gráficas en su página de internet,
puesto que la organización sólo hizo referencia a los
concursantes del examen aplicado este año. Indicó que 3 mil
747 se ubicaron en el nivel de “no aceptable”, ubicó a 105
mil 352 en el grupo de “elegible, sujeto a nivelación
académica” y el resto 36 mil 884 en aceptables de un total
de 145 mil 983 participantes.
Son las cifras que la SEP dio a conocer en un boletín la
tarde del domingo, sin embargo en su página en internet
insistió que los “sustentantes al examen nacional de
conocimientos y habilidades” eran 39 mil 143 en “aceptable”,
103 mil 093 en “elegible, sujeto a nivelación académica” y 3
mil 747 en “no aceptable”.
Entre ambas no hay cambio entre los que no obtuvieron el
mínimo de calificación, es la misma cifra. Pero sí una
variación de 2 mil 259 entre quienes tienen que regresar a
la escuela a nivelación: “elegible, sujeto a nivelación
académica” y los 2 mil 259 que arroja en los aceptables.
En ningún momento el SNTE hace alusión a la lista de
sustentantes integrados (conformada con los aspirantes del
año pasado que aún tenían derecho a una plaza), que sumaron
44 mil 565 maestros y será entre quienes se distribuyan las
plazas del próximo ciclo escolar.
Las calificaciones
Respecto a quienes fueron calificados como “Elegible, sujeto
a nivelación académica”, la dirigencia del sindicato del
magisterio rechazó que estén reprobados aunque su puntaje
“es menor al punto de corte para ser candidato directo a
obtener una plaza”, de acuerdo con el “método dual” que
acordó el Órgano de Evaluación Independiente con carácter
Federalista (OEIF), “para garantizar la selección de los
mejores docentes al sistema educativo”.
Sin embargo, reconoce luego que para que alguno de los
aspirantes de este grupo pueda obtener una plaza deberá
regresar antes a la escuela, puesto que “deberán acreditar
los procesos de nivelación específicos que apruebe el Comité
Estatal de Seguimiento del concurso que la autoridad
educativa estatal les deberá informar con oportunidad”.
El SNTE recordó que por tercer año consecutivo se realiza
este proceso de selección, en el marco de la Alianza por la
Calidad de la Educación, con el que el sindicato “avanza en
la transformación del sistema educativo para que quienes
enseñen a nuestros niños y jóvenes sean los mejores
maestros”.
Sicarios hicieron
guarida en penal
Arraigada, la
directora del Cereso de Gómez Palacio
Agencias/Especial
El gobierno federal reveló que internos del Centro de
Readaptación Social (Cereso) de Gómez Palacio, Durango,
contaron con el respaldo de autoridades de ese penal para
realizar venganzas por encargo, e incluso, dispusieron de
armas de los custodios y vehículos oficiales.
En un mensaje en la Secretaría de Gobernación (Segob),
Ricardo Nájera, vocero de la Procuraduría General de la
República (PGR) informó que los presos de ese Cereso son
presuntos responsables de los crímenes perpetrados en los
últimos meses en Torreón, Coahuila, de acuerdo a datos
obtenidos por denuncias.
El funcionario informó que además de la masacre que dejó 17
personas muertas en la finca Italia Inn, los delincuentes
están ligados a hechos violentos en bares de Durango y
Coahuila.
Dijo que la información presentada es un primer avance de
las investigaciones que la PGR hace con el “fin de llegar
hasta el fondo de los hechos y conocer la verdad sobre los
lamentables acontecimientos de los últimos meses en Torreón,
Coahuila”.
De acuerdo con datos obtenidos por medio de denuncias, a los
reclusos se les permitía salir por las noches, con la
autorización de Margarita Rojas, directora de dicho Cereso,
para cumplir venganzas por encargo.
“Se les permitía salir de prisión y utilizar armas de los
custodios para esas ejecuciones, utilizando vehículos
oficiales para su traslado y ocupando las armas de los
custodios para los asesinatos.
“Los delincuentes cumplían sus ejecuciones como parte de
ajustes de cuentas contra integrantes de miembros rivales
vinculadas con la delincuencia organizada. Por desgracia, en
dichas ejecuciones los delincuentes también asesinaron
cobardemente a civiles inocentes para regresar
posteriormente a sus celdas”, aseguró Nájera.
Hasta el momento han presentado declaración la directora,
Rojas Rodríguez; Roberto Enrique Sahuayo, jefe de seguridad
y vigilancia; Francisco Carlos Alberto Uranga, subdirector,
y José Guadalupe Rivas Ordaz, jefe de seguridad y
vigilancia.
A petición de la Fiscalía de Coahuila, el juez de primera
instancia concedió “un arraigo por 20 días para dichas
personas, además de que ya presentaron declaración todos los
custodios y más de la mitad de los reclusos del Cereso”,
indicó Nájera.
Dijo que el Ministerio Público de la Federación, en
coordinación con autoridades de Durango y Coahuila,
desplegaron un operativo en el Cereso de Gómez Palacio para
identificar las armas y comparar los casquillos hallados en
el sitio de la matanza.
“Se determinó que cuatro armas tipo AR-15 calibre .223,
marca Colt, fueron utlizadas en los sucesos del pasado 18 de
julio en la Quinta Italia Inn. Estas armas también fueron
utilizadas en las ejecuciones del bar Ferrie, ocurrido el 1
de febrero de 2010, y en la del bar Juanas, perpetrado el 15
de mayo de 2010, ambos en la ciudad de Torreón”, explicó. El
Ministerio Público solicitó las fichas de todos los reos.
El gobernador de Durango, Ismael Hernández, considero el
involucramiento de autoridades penitenciarias en hechos
delictivos como un acto de traición a las instituciones y
ratificó su total respaldo a las investigaciones.
Desastre humanitario,
el riesgo latente por ley Arizona
Especialistas aseguran
que el problema inmediato sería que al menos 14 estados de
la Unión Americana apliquen normas antiinmigrantes similares
a la de Arizona
Agencias/Especial
La entrada en vigor de la Ley SB1070 puede traducirse en un
desastre humanitario. En Arizona imperaría el racismo y
violaciones a derechos humanos, en un estado que no tiene la
capacidad de confinar a cientos de detenidos para su
deportación; las familias serían separadas y el extranjero
que sea forzado a regresar a su país de origen perdería
todos sus bienes, advierten organizaciones civiles de
Estados Unidos, líderes migrantes y grupos defensores.
Coinciden con expertos en que el gobierno de México no está
preparado para enfrentar esta situación, y ni siquiera, se
conoce un plan de contingencia diseñado en caso de que se
aplique la norma el 29 de julio próximo. Al respecto, se
consultó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), y
sus autoridades fijaron la postura: “No anticipar escenarios
sobre lo que podría o no suceder”.
Otros especialistas aseguran que el problema inmediato sería
que al menos 14 estados de la Unión Americana apliquen
normas antiinmigrantes similares, pero no anticipan un
panorama de catástrofe y creen que el gobierno mexicano
tiene la capacidad para hacer frente al problema, incluyendo
ofrecer trabajo a deportados.
El 23 de abril pasado, la gobernadora de Arizona, Janice K.
Brewer, firmó la norma que criminaliza la migración
indocumentada, lo que derivó en que organizaciones civiles
de Estados Unidos presentaran una demanda ante la Corte
Federal y una decena de países de América Latina se sumaran
con México, bajo la figura de “Amigo de la Corte”, para
presentar argumentos contra su aplicación ante la juez.
También el gobierno de Barack Obama la impugnó el 6 de
julio, por ser anticonstitucional, ya que el tema migratorio
es facultad exclusiva del gobierno federal. Aunque el riesgo
de aplicarse es latente.
Demandantes: Arizona no está lista
Iván Espinoza-Madrigal, abogado de la organización Fondo
Mexico-Americano para la Defensa Legal y Educación (Maldef),
una de las que demandó al estado de Arizona con el fin de
frenar la aplicación de la SB1070, explica que nada obliga a
la juez de la causa a emitir su fallo antes del 29 de julio,
y existe el riesgo de que entre en vigor, aunque hay
confianza en que la resolución permitirá pararla, porque
“jurídicamente hay un caso sólido”.
Sin embargo, advierte que si la juez falla a favor de la
norma “Arizona será un estado trágico ante las acciones de
discriminación contra cualquier extranjero, lo que importará
en un primer momento será la apariencia, no el estatus
migratorio, como motivo de detención”. El impacto es difícil
de cuantificar. La ley afectará a millones de personas y no
sólo al más de medio millón de indocumentados que el
gobierno de Arizona asegura que están en su territorio, al
aplicar el perfil racial todo el que es diferente estará
bajo sospecha.
El escenario se agrava, apunta, ante posibles capturas y
deportaciones masivas, pues no se sabe cuánto tiempo estarán
detenidos —un día o un año—. Además, los condados y el
estado no tienen la capacidad para mantener a cientos de
detenidos en instalaciones antes de repatriarlos.
“Autoridades de Tucson presentaron una declaración ante la
Corte de que no cuentan con la infraestructura para tener en
sus centros de detención o prisiones a cientos de personas
por horas o semanas, y esto también elimina las mínimas
garantías de defensa de los detenidos”.
Es preocupante, dice, que “en el transcurso habrá familias
separadas, los migrantes tendrán miedo de enviar a sus hijos
a la escuela, no querrán ir a los hospitales ni buscar otros
servicios, se interrumpirá el comercio ante el temor de la
población a acudir a un negocio ante el riesgo de ser
detenido, en tanto se demuestra el estatus migratorio”.
En este escenario, Espinoza-Madrigal, consideró que “ningún
país está preparado para absorver el volumen de deportados y
darles empleos”.
Maldef representa a 14 organizaciones, entre prestadores de
servicios a la comunidad, comercios o negocios, iglesias,
sindicatos laborales, defensores de derechos civiles,
comunidades latinas y asiáticas, que serán afectadas por la
ley. “Esperamos que la resolución salga a nuestro favor (…)
uno de los argumentos jurídicos más sólidos es que la Ley
Arizona no puede usurpar los poderes federales en materia de
migración”, y en este sentido es similar a la que formuló
ante la misma Corte Federal el Departamento de Justicia
alegando la inconstitucionalidad de la ley, detalla.
La demanda de Maldef es más amplia: adiciona argumentos como
el que la ley es discriminatoria y puede afectar las
relaciones internacionales o exteriores, por lo que “ha sido
muy importante para apoyar este litigio el que México se
haya sumado a la demanda como tercera parte interesada bajo
la figura de “Amigo de la Corte” y que una decena de países
de la región también busquen sumarse”.
Los despojan de todo
Prisciliano Peraza, el sacerdote católico que dirige el
Centro Comunitario de Atención al Migrante Necesitado, en
Altar, Sonora, sostiene que el gobierno mexicano no podrá
ofrecer la ayuda a todos los deportados si se aplica la
SB1070, “eso no ocurre hoy, mucho menos si los regresan de
forma masiva, tampoco veo que se les pueda dar trabajo y
vivienda en sus lugares de origen, de los que salen por la
falta de oportunidades”.
A diario su albergue atiende de 25 a 30 deportados de
Nogales, Arizona. “Son los que la Patrulla Fronteriza ‘tira’
en la frontera, muchas veces golpeados, deshidratados por
golpes de calor, o también dejan a menores solos y mujeres
en plena madrugada, los botan sin un peso para sobrevivir,
los despojan de todo”.
Ahí les dan alimentos, ropa y una tarjeta telefónica para
pedir ayuda a sus familiares. Algunos se quedan tres días,
pero hay quienes tardan hasta un mes y medio pues deben
reunir dinero para regresar a sus lugares de origen o
intentar regresar a Estados Unidos.
Micaela Saucedo, quien dirige la Casa Refugio Elvira —en
Tijuana—, dice que la historia es la misma en toda la
frontera. Los deportados “regresan peor que como se fueron,
pues muchos así como los agarran, con lo que llevan puesto
son enviados de regreso, los ahorros de su trabajo, sus
propiedades, la familia se quedan del otro lado”. Eso ocurre
sin que el gobierno les ofrezca protección eficiente; está
convencida que mucho menos podrá hacerlo si entra en vigor
la Ley Arizona.
Para Julie Contreras, comisionada de la League of United
Latin American Citizens (Lulac), una de las redes de defensa
de migrantes más grandes de Estados Unidos, no hay duda:
“podríamos estar frente a un desastre humanitario”. El mayor
riesgo es que las familias serán separadas, que los padres
sean deportados y los menores queden en el desamparo, por lo
que se prepara un plan de acción para darles refugio en
iglesias, aunque sin duda el daño sería irreparable.
Carlos Villanueva, presidente de la Asociación Mundial de
Mexicanos en el Exterior, indica que el mayor daño social lo
resentirán los migrantes por el riesgo de ser separados de
sus familias, “pero también porque perderán todo por lo que
han trabajado” sus cuentas bancarias, propiedades, sin
importar si tienes uno o 20 años en ese país.
Señala que podrían realizarse gestiones consulares —trámites
que no son muy comunes— para hacer transferencias bancarias,
cartas poder para la venta de inmuebles y que los deportados
recuperaran parte de sus recursos, aunque eso requeriría de
una estrategia del gobierno mexicano para enfrentar los
posibles efectos de la ley SB1070, “aunque no vemos que
exista un plan de contingencia”.
Urge plan de México
Elvira Arellano, quien luchó ante tribunales de EU en 2007
para impedir su deportación y fuera separada de su hijo,
sabe que “el gobierno mexicano no está preparado para
asistir a los paisanos que viven en Arizona, no es
suficiente con saber que están los consulados, pues la
experiencia nos hace no tener confianza en esas autoridades,
al final cuando te botan en la frontera estás solo y sin
nada”.
Enrique Morones dirigente de los Ángeles de la Frontera y
José Luis Arzola, ex presidente del Consejo Consultivo del
Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) de la
Cancillería, coincidieron en que el gobierno mexicano no ha
tenido la capacidad de brindar la protección suficiente para
las deportaciones que se registran actualmente sin ley
SB1070, tampoco lo estará si llegan a ser masivas, por lo
que se necesita diseñar una estrategia ante los posibles
efectos de la ley.
El ex representante de México ante Naciones Unidas, Enrique
Berruga, señala que no hay indicios de que el gobierno
federal esté preparando o tenga listo “un plan B” ante el
escenario planteado por los activistas. “No veo que el
gobierno mexicano esté atendiendo alguno de estos temas, ni
siquiera hay un pronunciamiento que diga en general:
paisanos, si llegara a ponerse en vigor esta ley, sepan que
tendrán la protección del Estado mexicano, que ponga un
número de atención”.
Aunque José Miguel Vivanco, presidente para las Américas de
Human Rights Watch, reveló que el 12 de julio se reunió con
el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhan —a
petición del diplomático—, “con el propósito de conversar y
prepararnos para una eventual entrada en vigor de la Ley
Arizona”.
La impresión que le dejó la reunión fue que “es prioridad
para México lo que esté ocurriendo en Arizona, se ha puesto
las pilas y está preparado desde el punto de vista de
recursos materiales y de personal de todos los consulados,
que han sido reforzados, para estar muy atentos a cualquier
reclamo o denuncia que se suscite y documentar casos de
abuso, ante la eventual entrada en vigor de la ley”.
Reconoció que “dada la gravedad de lo que pueda ocurrir, ya
que esta es una ley que no se puede implementar sin violar
derechos humanos, pues se hará sobre la base de prácticas de
discriminación racial, la ley no permite otro camino”, HRW
analiza enviar observadores a Arizona para dar seguimiento
puntual a lo que ocurra ante un problema que puede ser
masivo.
Aunque René Martín Zenteno, secretario general académico del
Colegio de la Frontera, indicó que no se conoce un plan de
contingencia del gobierno mexicano, pero “no vislumbro un
escenario catastrófico”, pues considera que la aplicación de
la SB1070 será gradual y se podrán tomar medidas de
protección para migrantes.
El ex embajador de México en Estados Unidos, Jorge Montaño,
indica que el riesgo grave de esta ley es que otros estados
apliquen normas similares.
“Es factible que México sea de los pocos países que estaría
en posibilidades de dar la asistencia necesaria a sus
connacionales que tengan problemas, por su red de 50
consulados, y tiene una economía que es capaz de absorver un
retorno que tampoco sería de cantidades industriales. Creo
que México si tendría, en lo que sería el primer impacto de
esta legislación, capacidad para responder. No hay que caer
en el tremendismo”.
La SRA asignó el
100 % del presupuesto de FORMAR y gestiona
más recursos
· Se autorizaron
recursos por 178 millones de pesos para capacitación en
beneficio de cerca de 100 mil trabajadores rurales
· El programa pone especial énfasis en el aprovechamiento
racional de los recursos naturales
La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) canalizó el total
de su presupuesto etiquetado este año al Programa de Fomento
al Desarrollo Agrario (Formar), que asciende a más de 178
millones de pesos y que impulsará la capacitación y fomento
organizacional de cerca de 100 mil trabajadores rurales en
las zonas más marginadas del país.
Ante las reiteradas peticiones de apoyo de diversas
organizaciones agrarias, el secretario de la Reforma
Agraria, Abelardo Escobar, comentó que se harán las
gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) para analizar la posibilidad de que
se otorguen recursos adicionales a este programa.
En la sesión del Comité de Formar, encabezada por Beatriz
Herrera del Rincón, subsecretaria de Política Sectorial, se
informó que este año el programa beneficiará a 96 mil 773
ejidatarios y comuneros, de los cuales el 27 por ciento son
indígenas y cerca del 50 por ciento son mujeres.
Se impulsarán para ello 181 proyectos educativos, de
organización y de desarrollo comunitario, vinculados al
manejo de diversos agronegocios que también son auspiciados
por la SRA, como parte de su política de fomento al
desarrollo económico y de bienestar social en ejidos y
comunidades.
Los eventos de capacitación no sólo están orientados al
manejo eficiente de los proyectos productivos, sino también
al aprovechamiento racional de los recursos naturales,
buscando que los trabajadores rurales establezcan una
relación amigable con el ambiente.
Al autorizar la última parte de los recursos del programa,
los integrantes del Comité de Formar destacaron la
importancia de canalizar estos recursos de manera oportuna y
de reforzar los mecanismos de seguimiento y supervisión para
garantizar el uso transparente de los mismos.
El Programa de Fomento al Desarrollo Agrario y el Programa
Nacional de Gerenciamiento de Núcleos Agrarios, este operado
por el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe),
constituyen dos proyectos importantes de la SRA para
capacitar a trabajadores rurales. Este último estimula a
ejidatarios y comuneros a iniciar o concluir sus estudios de
nivel básico y equipa a las comunidades con mobiliario y
equipos de computación.
La Secretaría de la Reforma Agraria, de esta manera,
invierte en la educación de las personas conciente de que
éstas constituyen el principal activo del país.
|
